Santo Domingo, 19 abr (EFE).- El movimiento social dominicano Marcha Verde advirtió hoy que la eventual homologación del acuerdo firmado entre la Procuraduría General y la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país, favorecería la impunidad en la nación.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, centro de la capital dominicana, tiene previsto decidir hoy si homologa o no el acuerdo, bajo la aplicación del criterio de oportunidad, lo que permitirá al Ministerio Público identificar, a más tardar en 30 días, a las personas que recibieron sobornos de parte de Odebrecht.
La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.
Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos "entre querellantes y querellados", lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.
Marcha Verde, que ha organizado este año dos multitudinarias manifestaciones contra la corrupción y la impunidad después de que se dieran a conocer las primeras informaciones del caso Odebrecht, expresó hoy que ningún acuerdo puede ser aprobado "sobre la base de eximir de responsabilidad penal a los implicados".
"Tampoco se debe aceptar un acuerdo que establezca de manera definitiva los montos a pagar por Odebrecht hasta tanto no se conozca el alcance de los daños sufridos por el país", señaló el movimiento en un comunicado leído en rueda de prensa.
El colectivo consideró, además, que más importante que el resarcimiento económico, "que debe perseguirse hasta el último centavo", es la sanción penal que tiene que recaer sobre todos los responsables "de haber contribuido a extraer de las arcas públicas los recursos que pertenecen al pueblo dominicano".
Marcha Verde afirmó que mantendrá "una lucha cívica, ejemplar, permanente y en las calles hasta que se aplique justicia a todos los involucrados en este caso de corrupción pública-privada".
A la vez, reiteró la convocatoria a la marcha del próximo domingo en San Francisco de Macorís (noreste).
La Procuraduría dominicana consideró el lunes "atinada" la aplicación de la figura de criterio de oportunidad en este caso porque, según explicó, "viabiliza la ejecución del acuerdo con la multinacional, en el que la misma reconoce formalmente haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos".
Agregó que, amparada en el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, los empleados y directivos de la constructora brasileña no serán enjuiciados en República Dominicana porque serán procesados judicialmente en Brasil.
Los sobornados, sin embargo, serán juzgados en República Dominicana, aclaró. EFE