SANTO DOMINGO, República Dominicana.- 17 organizaciones que reúnen y defienden los derechos de los hispanos en los Estados Unidos remitieron una carta al presidente Danilo Medina solicitándole detener la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, por los daños desastrosos que la misma causaría a miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana.

“De aplicarse, la decisión del Tribunal podría desatar una crisis humanitaria y convertir en apátridas a cientos de miles de personas, que quedarían bajo la amenaza de la discriminación y la deportación en masa. Le solicitamos respetuosamente que tome medidas inmediatas para impedir que esa decisión sea puesta en práctica”, dice la comunicación, fechada el 11 de noviembre del 2013, y de la cual fue remitida copia al Secretario de Estado John Kerry y al encargado de la embajada de los Estados Unidos en RD, Daniel Foote.

A continuación la carta:

11 de noviembre de 2013

 

Honorable Danilo Medina Sánchez

Presidente de la República Dominicana

Ministerio de la Presidencia

Palacio Nacional de la Presidencia

Av. México Esq. Doctor Delgado

Distrito Nacional, República Dominicana

 

Estimado Presidente Medina:

 

Los abajo firmantes, en representación de importantes organizaciones latinas de derechos civiles y promoción en los Estados Unidos, nos dirigimos a Ud. para manifestarle nuestra condena a la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de establecer un nuevo régimen de nacionalidad que es incompatible con los valores democráticos y los derechos humanos.

De aplicarse, la decisión del Tribunal podría desatar una crisis humanitaria y convertir en apátridas a cientos de miles de personas, que quedarían bajo la amenaza de la discriminación y la deportación en masa. Le solicitamos respetuosamente que tome medidas inmediatas para impedir que esa decisión sea puesta en práctica.

Como Ud. sabrá, la decisión del Tribunal de que los hijos de inmigrantes indocumentados, que en algunos casos han residido en la República Dominicana y están inscritos como dominicanos desde 1929, no tienen derecho a la nacionalidad dominicana porque se considera que sus padres y madres están “en tránsito”, nos ha causado profunda consternación a quienes estamos comprometidos a defender los derechos de los dominicanos y de todos los latinos en los Estados Unidos.

Esa decisión no sólo contraviene las normas jurídicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino que viola también el compromiso de la República Dominicana con la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Mientras en los Estados Unidos debatimos cómo reformar nuestro fracturado sistema de inmigración, las fuerzas antiinmigrantes han tratado de aprobar leyes que priven de ciudadanía a los hijos e hijas de inmigrantes indocumentados que hayan nacido en el territorio nacional, o que creen una clasificación de residencia diferente para legalizar la situación de quienes carecen de estatus inmigratorio legal. En forma colectiva, nuestras organizaciones y nosotros nos hemos opuesto con vehemencia a tales medidas. Sin duda, la ciudadanía como derecho de nacimiento ha beneficiado a muchos latinos y latinas en los Estados Unidos, entre ellos muchos hijos e hijas de madres y padres dominicanos indocumentados.

Pese a que reconocemos la autoridad de cualquier gobierno a tomar decisiones sobre el acceso a la nacionalidad, negar el derecho a la ciudadanía por nacimiento colocaría a la República Dominicana en una situación de anormalidad en todo el Hemisferio Occidental. En la inmensa mayoría de las naciones latinoamericanas toda persona nacida en el territorio de un país disfruta del derecho a la ciudadanía.

Sin embargo, nuestra oposición a la reciente decisión tomada en la República Dominicana se refiere especialmente a la aplicación con carácter retroactivo de la reciente opinión del Tribunal Constitucional, que representa una medida sin precedentes contraria a la determinación de la ciudadanía de tantos dominicanos y dominicanas desde hace décadas. Nos sentimos obligados a hacer oír nuestras voces contra toda política que someta a grupos específicos a trato similarmente injusto, ya sea en la República Dominicana o en cualquier otro sitio.

Como resultado de esa decisión, decenas de miles de estudiantes dominicanos de ascendencia haitiana podrían correr peligro de no matricularse en sus escuelas, de tener acceso a sus calificaciones o derecho a descuentos en los costos de matriculación en las universidades. Muchos más podrían verse privados de su derecho al voto, de la posibilidad de renovar sus pasaportes o de calificar para los planes públicos de seguros de salud.

La desatinada decisión del Tribunal Constitucional requiere y demanda su participación activa y su capacidad de liderazgo.

Le solicitamos respetuosamente que impida de inmediato la aplicación de esa decisión. Además, le alentamos a que dé respuesta a las violaciones de los derechos laborales y humanos de los inmigrantes y de los dominicanos de ascendencia extranjera, y que dé todos los pasos necesarios para que se apruebe una enmienda constitucional que anule la decisión de ese Tribunal. Estamos convencidos de que el rápido accionar de su parte dejará en claro que el Gobierno de la República Dominicana está comprometido con el principio de que a ninguna persona se le puede privar de su derecho a la nacionalidad.

 

Atentamente,

ASPIRA Association

Casa de Esperanza: National Latin@ Network for Healthy Families and Communities

Dominican Women’s Development Center

Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU)

Hispanic Federation (HF)

LatinoJustice PRLDEF

Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA)

League of United Latin American Citizens (LULAC)

Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF)

Make the Road New York

National Association of Hispanic Federal Executives (NAHFE)

National Alliance of Latin American and Caribbean Communities

National Hispanic Media Coalition

National Hispanic Medical Association (NHMA)

National Latina Institute for Reproductive Health (NLIRH)

National Puerto Rican Coalition (NPRC)

United States Hispanic Leadership Institute (USHLI)

SER-Jobs for Progress National

Southwest Voter Registration Education Project (SVREP)

 

cc:

Honorable John Kerry, Secretario, Departamento de Estado de los Estados Unidos

Honorable Roberta S. Jacobson, Secretaria Adjunta, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental

Honorable Daniel Foote, Encargado de Negocios de los Estados Unidos ante la República Dominicana