SANTO DOMINGO, República Dominicana. En el primer día de contestación del imputado Juan Roberto Rodríguez, en el caso de corrupción Odebrechte, el imputado argumentó ante el juez esepcial de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son insuficientes.
La barra de la defensa, reprepresentada por los abogados Claudio Stephen Castillo y Francisco Campos, denunció que el órgano actuó con malicia y temeridad frente a su cliente Juan Roberto Rodríguez, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La defensa explicó que en el 2018 le fue enviada una comunicación al Procurador General, Jean Alain Rodríguez, y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en la que requerían la entrega de los documentos de las pruebas que sustentaban los cargos, pero que nunca recibió respuesta.
"Es una regla de oro que el imputado conozca los cargos desde que inicia la acusación", argumentó la defnesa.
Sostuvo que el Ministerio Público no permitió a la defensa conocer la acusación para preparar su defensa.
Advirtió que con este acto se viola los derechos, subestimando el mandato de la ley en los artículo 19 , 25 de la Constitución y 290 y 291 de la norma procesal penal.
"Es una especie de moriqueta, el Ministerio Público le saca la lengua a todos", expresaron los abogados de la dfensa.
La defensa de Rodríguez enfatizó que el cheque por valor de un millon RD$ 75 mil pesos, que el Ministerio Público menciona en el expediente como parte de las supuestas pruebas contra Rodríguez no tiene ninguna vinculación con el imputado.
Indicó que la titular del cheque, Esther Jiménez, no fue llamada a para ser interrogada por el Ministerio Publico.
Asimismo, la defensa explicó que las delaciones premiadas no fueron completadas con interrogaciones a los delatores de parte del Ministerio Público.
Los defensores detallaron que en las declaraciones juradas de Roberto Rodríguez no se falsificaron datos, sino que hubo omisión, y que dicha omisión no es de tipo penal ya que tiene sanción administrativa.
La defensa señaló que su defendido no ha incurrido en enriquecimiento ilícitos,y sostuvo que cuando ingresó al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado ( INAPA), durante el gobierno de Hipólito Mejía, tenía un patrimonio ascendente de un millón de dólares (US 1,000,000) y salió en el año 2004 con veinticuatro millones de pesos ( 24 ,000,000) y al sumar esos 24 millones a los 31 que manejó del 2005 al 2010 son cincuenta y cinco millones (55 , 000, 000).
Los abogados niegan que su clienta lavara algún activo e informaron que todas sus compañías están a su nombre, y que Rodríguez no posee compañías offshore.
La defensa de Rodríguez se mantuvo todo el tiempo desmintiendo la acusación e informó que el imputado no tenía la facultad para otorgarle el contrato a la constructora brasileña Odebrecht.
“Estamos todos los dominicanos expuestos, al tener vida exitosa seamos llamados corruptos", expresó la defensa.
Cronología del contrato
La defensa presentó varios documentos publicado en el periódico El Siglo con fecha de enero del año 2000 en donde el arzobispo Flores Santana solicitaba la construcción del acueducto en la línea noroeste , así como el concurso público que se convocó.
También, el decreto número 152-01 de enero del 2001, del presidente Hipólito Mejía, que nombra a los ingenieros hidráulicos. Estos ingenieros, en abril del 2001 realizaron un análisis del proyecto del acueducto, recomendando la empresa Odebrecht por reunir las condiciones para llevarla a cabo.
Mediante el oficio número 17208 10 de julio 2001 Mejía autorizo al ingeniero Roberto Rodríguez para que contratara a Odebrecht.
Mientras que mediante el oficio número 1769 Mejía le envío un comunicado a la constructora brasileña Odebrecht informándole que fue seleccionado para la construcción del acueducto del noroeste.
Explicaron que en ese año no existía la ley de contrataciones públicas, por esta razón el ex presidente Hipólito Mejía informo que era el responsable de esta construcción.
El presidente Mejía también emitió el decreto 16602, autorizando el costo de ciento sesenta y un millones de dólares (us 161,000,000 ).
En el 2002 se estableció la forma de la construcción quedando detallado que la obra se realizaría por gravedad para que resultara más barata, pautando iniciar la construcción en el año 2003.
Explicaron que, al Odebrecht no obtener financiamiento envió una comunicación informando la unión con la empresa Andrade Gutierres, también brasileña.
Roberto Rodríguez emitió el oficio número 322 para la constructora Odebrecht en donde informaba los datos de la obra.Convirtiéndose en el primer contrato realizado con Odebrecht, todo con la autorización del Poder Ejecutivo.