Panamá (EFE).- La justicia panameña inició la búsqueda de las primeras 17 personas requeridas por el caso de los sobornos de Odebrecht, entre ellas dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, a quienes Suiza congeló cuentas con 22 millones de dólares.
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció que "se formularon cargos" por blanqueo de capitales contra 17 personas, cuyos nombres no reveló, aunque precisó que son tres ex altos funcionarios, ocho empresarios panameños y cinco extranjeros, y un oficial de la banca privada local.
El Gobierno anunció este mismo martes que se convertirá en querellante en el proceso contra Odebrecht, "de modo que las distintas instituciones que pudieran resultar afectadas formen parte del proceso, colaboren activamente y recuperen fondos desviados".
La lista de 17 personas incluye a los hijos del expresidente Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares; a su hermano Mario; a quien fuera su ministro de Obras Públicas Federico Suárez y al exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez Llorens, según datos filtrados a medios.
También están el exdirector de la estatal Caja de Ahorros, Ricardo Francolini, detenido por la investigación de un préstamo irregular; la abogada Evelyn Vargas y las empresarias Ana Isabel Suarez Cedeño y Nitzela Bonilla, de acuerdo con lo revelado por el canal TVN.
"El Gabinete solicitó a la dirección Jurídica del Ministerio de la Presidencia la coordinación entre las instituciones respectivas de modo que se presente una acción en nombre del Estado"
Contra estas nueve personas la Fiscalía pidió una orden de conducción para que declaren sobre el caso de sobornos de Odebrecht, una medida que se pudo tomar por el reciente levantamiento de la confidencialidad que regía sobre las asistencias judiciales enviadas a Suiza en el último año.
El portavoz del expresidente Martinelli y de su partido Cambio Democrático (CD-opositor), Luis Eduardo Camacho, dijo a Efe este martes que el Ministerio Publico no está "respetando las garantías procesales, entre ellas la reservar del sumario y la presunción de inocencia".
Porcell planteó la posibilidad de requerir a través de Interpol a algunos de las 17 personas cuya orden de conducción fue emitida el lunes por la recién creada Fiscalía Especial Anticorrupción, dedicada solo a Odebrecht.
Los llamamientos se producen después de que la justicia suiza congelara a los hijos de Martinelli cuentas con 22 millones de dólares vinculados con los sobornos de Odebrecht, según confirmó el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez.
Una fuente judicial que pidió el anonimato adelantó el lunes a Efe que al poder usar los elementos de la investigación suiza, el Ministerio Público giraría en las próximas horas una orden de conducción contra los hijos del expresidente, quienes este lunes dijeron en un comunicado que respetan los procedimientos legales y que atienden a las solicitudes de la Justicia suiza a través de sus autoridades.
Los primeros documentos hechos públicos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indican que de 788 millones de dólares que Odebrecht pagó en comisiones en 12 países, 59 fueron a parar a manos de exfuncionarios panameños y unos 6 millones a familiares de un alto cargo no identificado, entre 2009 y 2014.
Pero las revelaciones suizas suman más millones a la cuenta a favor de Panamá, ya que la investigación de EE.UU. transcurrió independientemente a la del país europeo, que ahora arroja nuevas luces.
Porcell fue enfática al decir que el Ministerio Público conocía de estos hechos desde mediados del año pasado debido a su colaboración con Suiza, que inició en marzo de 2016, pero que debido a la confidencialidad no se pudo tomar acciones a nivel local.
Con EE.UU., Suiza y Brasil investigando, el Ministerio Público panameño cuenta con un "amplio abanico" de información que no solo se restringirá al periodo de Gobierno de Martinelli, sino que se extenderá a todas las Administraciones de gobierno adonde lleven las pesquisas, sostuvo.
Odebrecht ejecuta proyectos de infraestructura en Panamá que superan los 3.000 millones de dólares y emplean a 8.000 personas, entre estos la Línea 2 del Metro y la renovación urbana de Colón, adjudicados en la actual Administración de Juan Carlos Varela.
El Gobierno vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales.
La empresa se comprometió este mes a pagar al Estado panameño "los primeros 59 millones de dólares" en concepto de fondo de garantía, según anunció el Ministerio Público, que aclaró este martes que la promesa fue verbal, sin que se haya firmado acuerdo alguno.
La órdenes de conducción surgen en medio de fuertes críticas a la Fiscalía por una aparente pasividad ante un escándalo de corrupción que en otros países, como Ecuador, Perú y República Dominicana, ha provocado acciones más severas, como allanamientos y detenciones.EFE
Gobierno de Panamá se querellará contra Odebrecht por caso de sobornos
El Gobierno de Panamá decidió convertirse en querellante en la investigación que se hace en el país a la constructora brasileña Odebrecht por el caso de millonarios sobornos, con miras a reclamar fondos públicos que pudieron haber sido usurpados.
En un consejo de ministros reunido este martes, el Ejecutivo avaló presentar una querella, "de modo que las distintas instituciones que pudieran resultar afectadas formen parte del proceso, colaboren activamente y recuperen fondos desviados", se indicó en un comunicado oficial.
"El Gabinete solicitó a la dirección Jurídica del Ministerio de la Presidencia la coordinación entre las instituciones respectivas de modo que se presente una acción en nombre del Estado", añadió un comunicado oficial sin precisar fechas.
Este mismo martes el Ministerio Público (Fiscalía) informó de que formuló cargos por blanqueo de capitales a las primeras 17 personas vinculadas a los sobornos pagados por Odebrecht, que actualmente desarrolla proyectos de infraestructura en el país que superan los 3.000 millones de dólares y emplean a 8.000 personas.
Entre las personas requeridas se encuentran dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique; su hermano, Mario Martinelli; y el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, de acuerdo con órdenes de conducción del Ministerio Público filtradas a medios locales.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió recientemente a través de una carta a los actuales ministros de Obras Públicas, Ramón Arosemena; de Vivienda, Ramón Etchelucu; y al presidente de la Sociedad Metro de Panamá, Roberto Roy, que deben constituirse en parte querellante en las investigaciones del Ministerio Público por el tema de los sobornos de Odebrecht.
La finalidad, precisó González, es facilitar al Ministerio Público toda la información sobre las obras públicas de Odebrecht que pueda ayudar a la investigación, para velar por el retorno del dinero si se comprueban hechos delictivos.
Odebrecht ha construido importantes infraestructuras en Panamá y según el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagó 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios panameños durante los años 2009 y 2014, cuando gobernó el expresidente Martinelli.
La justicia suiza, por su parte, ha informado de 22 millones de dólares vinculados a estos pagos y que fueron incautados en cuentas de ese país a los hijos del expresidente.
Actualmente, la constructora brasileña participa en obras como la Línea 2 del Metro de Panamá y la renovación urbana de Colón, que fueron adjudicadas durante el periodo de gobierno vigente, presidido por Juan Carlos Varela.
"Yo quiero dejar bien claro, del 1 de julio de 2014″, cuando Varela asumió el Gobierno para un período de 5 años, "a hoy, en ninguna investigación, en ningún caso ni en ningún lugar existe un cuestionamiento de las obras de este Gobierno", afirmó el lunes el presidente panameño, al reiterar que está abierto a que su Administración sea investigada.
El Gobierno panameño ya había vetado en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales.
La empresa se comprometió este mes a pagar al Estado panameño "los primeros 59 millones de dólares" en concepto de fondo de garantía, según anunció el Ministerio Público, que aclaró este martes que la promesa fue verbal, sin que se haya firmado acuerdo alguno.
La multinacional brasileña alcanzó ya un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares.EFE