SANTO DOMINGO, República Dominicana.–El Coordinador Para América Latina del Programa de Protección Para Periodista (CPJ) Carlos Lauría, afirma que en esta región hay un altísimo nivel de impunidad con respecto a las amenazas, presiones y asesinatos de periodistas, a pesar de los avances del sistema democrático.

Para Lauría, quien cedió una entrevista a Acento.com.do, vía telefónica desde los Estados Unidos, la sociedad civil y las organizaciones de prensa han desempeñado un rol importante para el funcionamiento de programas de protección a la integridad de los periodistas en situación de amenaza o presión de los poderes públicos o fácticos.

¿Cuál es el impacto que produce en el sistema democrático otorgarle protección a los-as periodistas amenazados?

De acuerdo a los datos del Comité Para la Protección de Periodistas (CPJ) del total de periodistas asesinados-as en el mundo con un registro desde el 1992 hay un total de 873 periodistas, de los cuales 545 con impunidad, es decir que hay un 85 % de crímenes de periodistas sin resolver. Esto habla de un nivel de impunidad altísimo que  empeora más la situación en muchos países, ya que aquellos que cometen este tipo de crímenes no van a ser castigados o procesados judicialmente.

El mensaje para los responsables de estos crímenes  es que pueden seguir cometiendo estos actos con total impunidad. Es muy grave la situación porque pone en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos-as  que deben tener acceso al derecho a la información,  a la libertad de expresión. Es un daño central que perjudica la estabilidad del sistema democrático.

¿Cuáles factores usted entiende son determinantes para que la impunidad continúe en casos de asesinatos de periodistas?

Por un lado están los sistemas de justicia que son los encargados de dar respuestas a estos casos. Y, evidentemente, en muchos países los sistemas de justicia actúan de forma disfuncional, porque no cumplen con la labor para la  que fueron creados. Son sistemas de justicias sobrecargados que contribuyen a que estos casos no se resuelvan.

En muchos países las redes sociales son una alternativa, en el caso de México en muchas ciudades que están controladas por el crimen organizado la prensa no puede cumplir con su rol de informar y los-as ciudadanos-as están usando las redes sociales (Facebook, Twitter) para poder expresarse y poder encontrar un canal de información sobre los problemas que afectan la vida diaria

El otro factor tiene que ver con la corrupción. Por ejemplo, en el  caso de México y en otros países hay un grado de influencia mayor de grupos del crimen organizado que influyen a todos los niveles, a nivel político, a nivel judicial, a nivel de las fuerzas de seguridad y también a nivel del periodismo. Esta influencia hace que en algunos casos el Estado tenga una presencia mucho más débil, no actúe y contribuya a acentuar el problema de la impunidad.

¿Hacia dónde tienen que enfocarse las reformas y los sistemas de protección de nuestros países para dar respuesta a las amenazas y a los asesinatos de periodistas?

Cada país tiene su propio sistema, su propia particularidad, pero en el caso de México hay que destacar que su sistema de justicia no funciona y que en muchos de sus Estados la penetración del crimen organizado es muy fuerte. Las organizaciones internacionales de derechos humanos coinciden en que es necesario y prioritario reformar el sistema de justicia, porque la libertad de expresión es un bien garantizado por la constitución  y ratificado por convenios internacionales que ha firmado México como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ende requiere una intervención mucho más activa y enérgica por parte del gobierno federal.

Nosotros pensamos que en México “federalizar” los crímenes contra la libertad de expresión es una medida de fondo, que si bien no va a resolver de forma inmediata el problema del crimen organizado y de la violencia  inusitada que se está viviendo, porque es un problema mucho más grande, va a dotar a la sociedad de una estructura legal más apropiada, porque en la mayoría de los asesinatos de periodistas en México muchos de ellos quedan en manos de procuradores de justicia de los estados, y en muchos casos en corrupción con organizaciones criminales.

Además, hay que agregar que son autoridades que no tienen  recursos. Esto es una grave crisis nacional que así ha sido interpretada por el gobierno de México y que además se ha dicho que se le va a dar prioridad, pero lamentablemente las promesas que ha realizado el presidente Felipe Calderón a la delegación del CPJ y a la Sociedad Interamericana de Prensa, cuando estuvimos reunidos con él el año pasado, no se le ha dado respuesta con la inmediatez que se requiere.

Hay medidas más urgentes que se pueden tomar, como la creación de un ente gubernamental para la protección de los-as periodistas, como el que existe en Colombia para periodistas en riesgo. Si bien tiene sus imperfecciones, ha dado respuestas. Las autoridades mexicanas han demorado demasiado -por  la burocracia- en la investigación de casos de periodistas que han sido acosados por fuerzas de seguridad federal o por militares y que se ha reiterado mucho en los últimos años.

¿Cómo se debe entender la situación por la que atraviesan  los-as periodistas?

Este ha sido una año verdaderamente violento para la región Latinoamericana por los asesinatos a los-as periodistas, algunos de ellos tal vez no tengan relación con la labor periodística. Hay más de 20 asesinatos de distintos países del mundo.

Estamos atravesando una crisis en la democratización de la región, salvo el caso de Cuba, todos los países viven en democracia con elecciones libres, y con excepción del episodio de Honduras con la situación lamentable del 2009, los pueblos eligen a sus representantes.

Pero la profundización democrática, que es un dato positivo, no implica que la prensa no tenga problemas graves de violencia. Estamos hablando de organizaciones criminales que tienen un poder de influencia cada vez mayor, que actúan con total impunidad, y en corrupción conjuntamente con las autoridades, organizaciones  que consideran a la información como un bien importante que puede influir en sus actividades.

En México, por ejemplo, las batallas entre los carteles de las drogas no sólo se libra en las calles sino que también están en la lucha por el control de la agenda informativa. El gobierno federal Mexicano no puede permitir que esto ocurra, porque su estatus como socio de la comunidad internacional,  como socio confiable, se va a erosionar, y eso es algo que no puede permitir.

¿Podríamos hablar de una crisis en el estado de la libertad de prensa en América Latina?

Hay una crisis muy seria, muy grave en torno a la libertad de expresión que tiene consecuencias devastadoras, porque reproduce terror en muchos medios y el terror conduce al silencio. Haya autocensura por parte de muchos periodistas y medios por miedo a la violencia. En otros países la situación es distinta no hay violencia, pero como ocurre en Venezuela y en Ecuador los gobiernos que han sido elegidos democráticamente utilizan los recursos estatales para restringir los espacios críticos y controlar el flujo informativo.

En Ecuador hay demandas penales y civiles contra el principal diario del país “El Universo” y es lamentable porque es una condena que contradice las leyes internacionales y garantías constitucionales sobre la libertad de expresión. En Venezuela, la confrontación del gobierno del presidente Hugo Chávez y la prensa privada ha dejado múltiples problemas para la prensa, incluyendo el cierre por decisión política del principal canal de televisión y de radio. Esta situación de restricción a partir de la política de comunicación del Estado lo que busca es  controlar el flujo informativo y restringir aquellas voces de opinión crítica del periodismo.

¿Cuál es su mensaje ante la violencia, amenazas y censura que han recibido los-as periodistas en América Latina y el Caribe en este año?

Carlos Lauría.Estamos muy preocupados por la situación de los-as periodistas y sumamente alarmados. Esperamos que el nivel de violencia se reduzca, no hay soluciones mágicas, en el caso de México para detener la violencia de los carteles no las hay.

Es importante que los gobiernos entiendan que este es un problema fundamental para la estabilidad del sistema democrático porque está afectando de manera negativa el derecho básico a la libertad de expresión y el acceso a la información. Es necesario tomar medidas urgentes, reformas de fondo que puedan producir efectos inmediatos para garantizar que los-as periodistas puedan trabajar en un clima de menor censura y que tenga un clima más apto para realizar su trabajo, porque finalmente quien sufre con toda esta situación es el ciudadano-a.

En muchos países las redes sociales son una alternativa, en el caso de México en muchas ciudades que están controladas por el crimen organizado la prensa no puede cumplir con su rol de informar y los-as ciudadanos-as están usando las redes sociales (Facebook, Twitter) para poder expresarse y poder encontrar un canal de información sobre los problemas que afectan la vida diaria. Creo que las redes sociales están llenando un vacío que está dejando la prensa. Sin embargo, la estabilidad política del sistema va a depender últimamente de la capacidad de la prensa para poder informar  sin temor a represalias.