SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El 7 de febrero es fecha clave para el futuro democrático de Haití, pues es el momento en que constitucionalmente termina el período de gobierno de Michel Martelly. Y como no hay un presidente electo, ni está claro cómo será la sucesión hacia un nuevo gobierno, grupos políticos locales de Haití se auxilian de sus antiguas relaciones en la República Dominicana para forzar la inestabilidad y el caos.
Además de la quema de varios locales del Consejo Provisional Electoral, y de intensos disparos que se produjeron el domingo en las cercanías del Palacio Presidencial de Haití, hay mucha incertidumbre política sobre la forma en que se hará la transición y qué papel jugarán grupos oficiales, como el Congreso haitiano, los empresarios o la Iglesia Católica, que en este momento actúan para conseguir acuerdos.
Grupos opositores, integrantes del llamado G-8, encabezado por el candidato presidencial que quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales de primera vuelta, Jude Celestín, aspiran a la salida de Martelly inmediatamente, sin condiciones, para que al elecciones limpias. “Martelly debe irse para que tengamos buenas elecciones” rezan algunos letreros que se muestran en las calles de Puerto Príncipe.
Acento ha estado en contacto con periodistas haitianos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, de iglesias, y con políticos activos, como el mismo Jude Celestín, quien respondió preguntas de este diario sobre el proceso político y la sustitución el 7 de febrero de Michel Martelly. Celestín no quiso entrar en detalles, pero dijo que “es conveniente y necesario un diálogo político entre todos los actores que nos facilite ir más allá en este proceso y garantizar que el próximo presidente tenga la legitimidad necesaria para gobernar Haití”.
Sin embargo, la cuestión que se plantea a los dirigentes haitianos, en este momento, es cómo ponerle fin a la violencia en las calles, cómo no descarrilar la vía constitucional que existe para el caso de un presidente que llega al final de su período de gobierno sin que haya sido electo su sucesor.
Nuestras fuentes indican que "Max" habría revelado al empresario de la construcción Carlos Ozoria, que su grupo ya tiene el control del senado haitiano y que se ejecutan planes dirigidos por él para impedir que se celebre la segunda vuelta mientras el presidente Martelly permanezca en la presidencia
Jean Michel Caroit, corresponsal de Le Monde en la región del Caribe, se encuentra en Puerto Príncipe, y acaba de publicar un reportaje en que habla del nivel de las negociaciones: “Durante dos días, los rumores sobre las negociaciones han estado corriendo por Puerto Príncipe. En el centro de las conversaciones, el presidente del Senado, Jocelerme Privert, exministro de Aristide y cercano al expresidente René Préval, debía reunirse la noche del domingo con el presidente Martelly para tratar de sentar las bases para un acuerdo”. Pero aún no hay acuerdo.
De acuerdo con este reportaje, “los principales puntos de discusión son: la fecha de la partida de Martelly, la elección de un presidente y un gobierno de transición y las modalidades para la reanudación del proceso electoral. Preocupado por el riesgo de caos y un vacío de poder, el cardenal Chibly Langlois y varios miembros influyentes de la comunidad de negocios participan activamente en las negociaciones”.
La parte difícil la representa Jude Celestín, por su alianza con el llamado G-8, donde se reúne la oposición. Celestín está impedido de tomar decisiones al margen del grupo de dirigentes opositores que le acompañan.
Caroit explica que el domingo pasado, “el G8 presentó una propuesta de resolución de crisis para un ejecutivo interino formado por el presidente del Tribunal de Casación y un “primer ministro de consenso” a partir del 7 de febrero. Se nombraría una comisión de investigación independiente “para determinar el alcance de las irregularidades y el fraude” en un plazo de treinta días. Algunos miembros del G8, entre ellos Moïse Jean-Charles, están a favor de la anulación de las elecciones y la reanudación el proceso electoral a partir de cero”.
Contactos en Santo Domingo
Acento recibió la confidencia de que un importante dirigente de Haití que se identifica solo como Max estaría moviendo amistades en Santo Domingo, para recaudar apoyo económico para apoyar a la oposición e impulsar su propia agenda política. Entre los contactos que habría realizado en Santo Domingo se encuentran empresarios y políticos.
Nuestras fuentes indican que "Max" habría revelado al empresario de la construcción Carlos Ozoria, que su grupo ya tiene el control del senado haitiano y que se ejecutan planes dirigidos por él para impedir que se celebre la segunda vuelta mientras el presidente Martelly permanezca en la presidencia de la Republica.
La comunidad internacional, que financió casi la totalidad de los 60 millones de dólares invertidos en organizar las elecciones, dio su consentimiento a la segunda vuelta del 24 de enero. Parece probable que los organismos internacionales conozcan de las escaramuzas de dirigentes no democráticos que buscan pescar en el río revuelto de la precaria democracia electoral haitiana.
El fraude electoral, en todo caso, estaría afectando a todos los políticos, y creando un ambiente de sombra que no permita una salida democrática.
“En el centro de las conversaciones, el presidente del Senado, Jocelerme Privert, exministro de Aristide y cercano al expresidente René Préval, debía reunirse la noche del domingo con el presidente Martelly para tratar de sentar las bases para un acuerdo”, escribió Jean Michel Caroit. Sin embargo, una dificultad inesperada ha sido el estado de salud de Privert, quien debió ser internado en un hospital por razones de salud.
Esto es importante, porque el Presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados, Cholzer Chancy, y el presidente Martelly además de convocar la asamblea nacional pueden quitar -en consulta- al primer ministro Evans Paul, siempre que esto ocurra antes del 7 de febrero. Paul fue un obstáculo para Martelly llevar a cabo sus elecciones del 24 de enero. El criterio es que al vencer el período de Martelly Evans Paul se queda con el llamado Consejo Ministerial en sus manos, como ejecutor de las decisiones del Poder Ejecutivo. Es decir, sería una especie de presidente con limitaciones y dependiente del poder legislativo lo cual rompe con el criterio de separación de los poderes establecidos en la constitución. Evans Paul fue nombrado por decreto en un momento donde no había quórum en el poder legislativo previo las elecciones de Octubre pasado donde se eligieron los senadores y diputados que permiten el quórum mínimo.
Las apuestas van en la dirección del caos, también, porque el parlamento es el único que puede nombrar y cancelar al primer ministro, y durante un período de vacancia del Poder Ejecutivo, el gobierno no puede ser interpelado por las cámaras.
Es complejo el panorama, y pareciera que ya Martelly tiene sus fuerzas limitadas para convocar a la Asamblea Nacional para conocer de su resignación y transferir el poder a un sucesor constitucionalmente válido.
Si no hay transición ahora, se corre el riesgo de que el primer ministro se quede en el poder hasta que se celebren elecciones y se escoja un nuevo presidente. Entre las opciones que permite la Constitución se encuentra la de asignar mediante resolución de la asamblea general a un Presidente Provisional por un tiempo establecido para celebrar las elecciones.