PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- El gobierno haitiano expresó su preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y dijo que la mismo podría poner en situación de “apátridas” a un número considerable de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana.

Invitó a las autoridades de la República Dominicana a abordar de manera objetiva y justa la cuestión de la presencia de dominicanos de ascendencia haitiana en la sociedad.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, se informa que esos dominicanos de ascendencia haitiana mantienen, como es lógico, vínculos con su país de origen. El documento expresa que es normal que un Estado, como es el caso de Haití, se sienta preocupado por las amenazas que enfrentan los hijos de su diáspora.

Dice que la sentencia es contraria a decisiones anteriores de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. “Es preocupante que personas que siempre han sido considerados dominicanos, que participaron activamente en la vida política de su país como electores o elegidos, vean ahora que su estatus cambió de manera retroactiva a partir de una decisión”, dice el comunicado.

A continuación el comunicado del gobierno haitiano:

POSICIÓN DEL GOBIERNO HAITIANO SOBRE LA SENTENCIA TC/0168/13 APROBADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de la República Dominicana en Haití tiene el honor de establecer por la presente la posición del Gobierno de Haití ante la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Dominicana TC/0168/13 fecha 23 de septiembre de 2013, la cual podría poner a un número considerable de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana en situación de apatridia.

Como miembros de la diáspora, naturalmente, todos mantienen vínculos con su país de origen; también es normal que un Estado de origen se sienta preocupado por las amenazas que enfrentan los hijos de su diáspora. Tal es legítimamente el caso de Haití, y de manera firme de la administración de Martelly y Lamothe.

La Cancillería haitiana está en total desacuerdo con la sentencia en cuestión, que constituye una clara violación de los compromisos internacionales suscritos por todos los países, incluyendo República Dominicana, en términos de derechos humanos, e incluso algunos de los principios generales del derecho generalmente aceptados por todas las naciones civilizadas.

Esta sentencia de la Corte Constitucional Dominicana también va en contra de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de septiembre de 2005, en el asunto “Yean y Bosico”. Es preocupante que personas que siempre han sido considerados dominicanos, que participaron activamente en la vida política de su país como electores o elegidos, vean ahora que su estatus cambió de manera retroactiva a partir de una decisión.

Esta sentencia es un mal precedente, no sólo para la sociedad dominicana sino también para todas las naciones del continente americano y del mundo en general, debido a la incertidumbre legal que supone en la marcha de las sociedades a través del tiempo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta profundamente que los haitianos y sus descendientes dominicanos, que han contribuido de manera significativa en los avances actuales de la República Dominicana por su trabajo y sus sacrificios ahora sean tratados como extranjeros en tránsito.

El Ministerio de Relaciones Exteriores invita a las autoridades dominicanas a abordar de manera objetiva y justa la cuestión del lugar de los dominicanos de ascendencia haitiana en la sociedad dominicana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Embajada de la República Dominicana en Haití, las seguridades de su más alta consideración.