SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La doctora Altagracia Guzmán Marcelino, denunció un intento de descrédito contra el Seguro Nacional de Salud (SENASA), que estaría motivado en que la Suprema Corte de Justicia falló ordenando que todos los empleados de la administración pública sean afiliados en esa ARS estatal.

Al reaccionar ante la divulgación del oficio No. 019622  de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, dirigido al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), en el cual se asegura que SENASA está en quiebra, Guzmán Marcelino dijo que por su iniciativa se informó a la SISALRIL de la situación financiera, al tiempo que solicitó que se incluyera a la ARS estatal en el Presupuesto Complementario para hacer frente al problema.

“SISALRIL sabía  por la situación que pasaba SENASA, ¿por qué lo  saca ahora,  cuando le entregan la sentencia de la Suprema para que ordene a Unipago  que pase a  Senasa a todos los empleados públicos?”, preguntó.

Explicó que la Tesorería Nacional ya le depositó a la ARS SENASA la suma de 500 millones de pesos, fondos que estarán disponibles desde el próximo lunes 30.

La funcionaria detalló los problemas financieros de SENASA se deben a que la cápita que recibe por concepto del régimen subsidiado, que garantiza los servicios de saluda a la parte más pobre de la población,  no es suficiente.

De los 500 millones de pesos que debe recibir el SENASA por ese concepto, apenas recibe 180 pesos, lo que ha ido acumulando un déficit.

Gracias al SENASA, unos 700 mil dominicanos y dominicanas de escasos recursos, que no pueden pagar una ARS privada, recibe servicios de salud.

Lo que afirma la SISALRIL sobre SENASA y la ARS del IDSS

El citado documento de la SISALRIL, firmado por el superintendente Fernando Caamaño, además de estar dirigido al CNSS, incluye copias al presidente Leonel Fernández, al presidente electo Danilo Medina, y al vicepresidente Rafael Alburquerque.

El informe expone:

“De los Estados Financieros auditados y publicados con la anuencia de esta Superintendencia, se extrae que las pérdidas acumuladas del SENASA a inicios del mes de junio de este año se elevaron a RD$1,039 millones, y las cuentas por pagar a los PSS (Prestadores de Servicios de Salud) suman RD$2,509 millones, esto último equivalente a 3.2 veces los ingresos mensuales que percibe la ARS”.

Asimismo, el oficio expresa que se muestra “como un agravante el alto déficit de inversión de reservas que se eleva a RD$1,770 millones, lo que implica que el 70% de las cuentas por pagar a las PSS no tiene respaldo”.

“Por otra parte, nos preocupa sobremanera la existencia de un déficit de RD$994 millones respecto al capital mínimo que debe tener la empresa, lo que comprende seriamente el patrimonio de la empresa”, agrega.

Afirma que esta situación es insostenible para terminar el año con un buen desempeño, lo cual de por sí pone en alto riesgo de quiebra financiera y desprestigio al SENASA y la estabilidad del Sistema, que con grandes esfuerzos se ha podido lograr.

“Igual situación enfrente la ARS del IDSS (Instituto Dominicano del Seguro Social), alcanzando pérdidas operacionales de RD$681 millones al cierre de junio, déficit de capital de RD$556 millones y déficit de inversión de reservas por RD$490 millones”, resalta.

El superintendente Caamaño sostiene que las entidades públicas deben ser las primeras en demostrar eficiencia y eficacia en el uso de los recursos financieros del SDSS y de aquellos que les son asignados a través del Presupuesto Público.

“Además, deben ser las abanderadas del cumplimiento estricto de la Ley 87-01, sus normas complementarias y las resoluciones de esta Superintendencia. Nuestras resoluciones, como bien reza el Artículo 2 inciso 9 de la Ley 87-01, son también normas reguladoras del SDSS. Pero como es de su conocimiento y de los honorables miembros del CNSS, esa no ha sido la conducta de nuestros supervisados de carácter público, realidad esta que explica en gran medida la situación que hoy nos ocupa”, subraya Caamaño.