SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El abogado y dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara planteó que la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura en la presente coyuntura debía de motivar un debate sobre el perfil de los hombres y mujeres que podrían ser escogidos para el Tribunal Constitucional y para la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con Gómez Mazara ese debate debe de girar sobre el perfil académico, vinculación partidaria y naturaleza ética de los hombres y mujeres que tendrán un asiento tanto en el Tribunal Constitucional como la evaluación y potencial sustitución de integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Mostró preocupación por el hecho de que el reglamento vigente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no establece evaluación en el comportamiento institucional de los magistrados del TC.
Señala que, lamentablemente, la ausencia de un mecanismo efectivo en capacidad de medir el desenvolvimiento de esa Alta Corte provoca una situación de privilegio respecto del resto de los integrantes del sector justicia, lo que genera una licencia a ciudadanos que por 6, 9 y 12 años ocupan un asiento en el Tribunal Constitucional.
"A tales fines, si no se reforma esa distorsión, tendríamos desempeños por los próximos tres y seis años con licencia para actuar sin que ninguna consecuencia jurídica limite y/o impida la violación del ordenamiento legal por cualquiera de los integrantes del Tribunal Constitucional. ¿Acaso no es un privilegio irritante que debemos conculcar?", resaltó Gómez Mazara en una comunicación dirigida a la dirección de este medio, que reproducimos a continuación:
Señor Director:
Entre los elementos que caracterizan el ejercicio periodístico de Acento, existe un sello distintivo, y es el de su enorme capacidad en ir más allá de las formalidades de la prensa nuestra. Por eso, apelamos a su reiterada vocación democrática y verdadero compromiso en auscultar las miserias del modelo institucional. De ahí que la actual coyuntura, marcada por la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe generar todo un debate alrededor del perfil académico, vinculación partidaria y naturaleza ética de los hombres y mujeres que tendrán un asiento tanto en el Tribunal Constitucional como la evaluación y potencial sustitución de integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Aquella frase del inmenso José Martí cobra fuerza. Básicamente, si recordamos que la irrepetible figura de Juan Bosch la reiteraba hasta el cansancio: en política existen cosas que se ven y otras que no se ven, pero las que no se ven resultan de mayor importancia que las que se ven. Y para entender los manejos y combinaciones que comienzan a diseñarse alrededor de los aspirantes, sustitutos y los que se quedan en todo el ámbito del Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), resulta de especial significación algunos detalles.
Pertinente resulta recordar que, en la escena del órgano constitucional, es la primera vez que los caminos de la sustitución se presentan como resultado de llegar a su fin el mandato de los magistrados Reyes, Piña, Gómez Bergés y Cury. De los cuatro, podrían volver a presentarse tres y la ruta de un potencial retorno está cerrada para el doctor Víctor Gómez Bergés porque excede los 75 años. En ese sentido, lo práctico y que no puede olvidarse es que arribamos a la posibilidad de liquidar la raíz incestuosa de las designaciones de todos los miembros de esa Alta Corte: una combinación de jueces aptos y militantes partidarios.
Un componente agravante de todo el proceso de elección y pase de balance de sus respectivos desempeños se asocia al hecho de que el reglamento vigente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no establece evaluación en el comportamiento institucional de los magistrados del TC. Lamentablemente, la ausencia de un mecanismo efectivo en capacidad de medir el desenvolvimiento de esa Alta Corte provoca una situación de privilegio respecto del resto de los integrantes del sector justicia, generador de una licencia a ciudadanos que por 6, 9 y 12 años ocupan un asiento en dicho tribunal. A tales fines, si no se reforma esa distorsión, tendríamos desempeños por los próximos tres y seis años con licencia para actuar sin que ninguna consecuencia jurídica limite y/o impida la violación del ordenamiento legal por cualquiera de los integrantes del Tribunal Constitucional. ¿Acaso no es un privilegio irritante que debemos conculcar?
Partiendo del alegato de que el TC no debe exhibir grietas en su comportaniento institucional, y peor aún, sus actuaciones deben ser respetuosas de la constitución y las leyes, constituye pieza de escarnio el hecho de que el letrado Rafael Guerrero Zabetta usurpara por seis años la condición de abogado, con un salario de RD$144,375.00. No existen mecanismos de fiscalización efectiva para que el Tribunal Constitucional verifique las credenciales del personal designado en la institución y que activamente incursiona en labores jurídicas que se requieren destrezas especiales. En ese orden, tanto el Colegio de Abogados como la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo certificaron que en sus archivos no existe documentación que valide la condición de profesional del derecho “desarrollada” desde el 1 de julio del 2012 hasta el 30 de agosto/2018 en el máximo organismo constitucional del país.
La actual perturbación en amplios núcleos ciudadanos consiste en la escasa transparencia de los actos públicos. Así se orienta el reclamo en las calles, y la apuesta básica es a favor de prácticas decentes. En ese sentido, quiero aclarar que la conducta privada no debe ser parte del debate, siempre que no impacte en el buen funcionamiento institucional. Ahora bien, el hecho de que en la nómina del Tribunal Constitucional aparezca el nombre de la ciudadana Johanna Monagas Espinal, con un salario de RD$ 231,000.00 podría ser una designación rutinaria ejercida por 34 meses, siempre y cuando en la actualidad no sea la esposa del doctor Milton Ray Guevara, presidente del órgano constitucional. No quiero ir más allá del detalle, y que sea la ciudadanía que interprete las implicaciones legales y éticas de esa situación.
Convencidos de lo cuestionable de las acciones en el TC, su titular vuelve por la senda de creer que la “forma se impone sobre el fondo”. Así su intensa campaña de relaciones públicas que jamás toca aspectos esenciales porque asumir con una dosis de humildad las faltas requiere un nivel de grandeza. Lo incuestionable es que una parte de la comunidad jurídica y sectores importantes de la sociedad sienten que deben existir mecanismos de fiscalización real de los potenciales miembros de alto tribunal para evitar que abogados con antecedentes de violencia intra-familiar, militancia partidaria, sometidos por temas tan delicados como molestar sexualmente a menores, cheques sin fondos no puedan encontrar un asiento en el órgano constitucional. Lo vital reside en establecer un código que establezca las bases del potencial perfil para aspirar. Por eso, el CNM debe construir un reglamento para ajustar y/ o limitar el desempeño de sus intengrantes. ¿Es normal que los actuales titulares no tengan sustitutos?
Los precedentes pueden conducirnos a no repetir las barbaridades de colocar activistas al frente de mecanismos institucionales que terminan distorsionados porque la fuerza de la politiquería se impone. Piensen que Roberto Rosario salió de la jefatura de la Junta Central Electoral (JCE) a desarrollar sus actividades como miembro del comité central del PLD, mi buen amigo Eddy Olivares es vocero de Hipólito Mejía, Hernández Peguero brincó del TSE a la representación técnica del partido oficial en la JCE, Marino Mendoza llegó al órgano electoral desde una diputación por Villa Altagracia y John Giuliani saltó desde su asiento en el TSE a la Embajada en Israel. ¡Caramba, así no¡
Finalmente, admito que los niveles de intolerancia en la cultura política nuestra tienden a reducir los deseos de mejorar los instrumentos institucionales al encono personal o diferencias triviales. No es el caso. Por el contrario, siento que estamos en una excelente oportunidad para que los ciudadanos interesados en hacer avanzar la justicia pongan su granito de arena. Los integrantes del CNM tienen la palabra!
Con el afecto de siempre,
Guido Gómez Mazara,
8 de octubre 2018
Santo Domingo, D.N.