LONDRES, Reino Unido.- El Tribunal Superior británico dictó este jueves que la Administración "ad hoc" del presidente interino y líder opositor Juan Guaidó, y no la del presidente Nicolás Maduro, puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).
Las reservas de oro de Venezuela guardadas en el Banco de Inglaterra son unas 31 toneladas de lingotes con un valor total de unos 1,300 millones de dólares.
Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare ha concluido que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido "inequívocamente" a Guaidó como "presidente interino constitucional" del país latinoamericano y es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.
El magistrado también ha decidido que "no es justiciable" -es decir, que la Corte no puede someter a examen- la legalidad en base al derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas.
El dictamen de hoy, que sienta precedente sobre quién debe acceder a otros depósitos en otras naciones, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró "en medio de las partes" en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.
La junta ahora empoderada está encabezada por Ricardo Villasmil.
Habiendo establecido qué junta es, a su entender, la legítima, el Tribunal podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el Banco de Inglaterra por Ortega, que le acusó de incumplimiento de contrato al no cumplir su petición de transferir 930 millones de euros de las reservas de oro a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.
El dictamen de hoy servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.
Durante el proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, argumentó que, aunque el Gobierno británico declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como "presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones", en la práctica "mantiene lazos diplomáticos" con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.
Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto la Corte debe hacer lo mismo en base a la doctrina de "una sola voz" aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior.
Este abogado también arguyó, de nuevo con éxito, que el tribunal británico debe dar por buenos los actos de Guaidó en Venezuela sin someterlos a escrutinio, debido, sostuvo, a que "no son justiciables" en jurisdicción británica.
Maduro recurrirá el dictamen
La junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro planea recurrir el dictamen, ha confirmado el bufete de abogados Zaiwalla & Co.
En un comunicado, el despacho jurídico señala que, al decidir que es la Junta "ad hoc" designada por Guaidó la que tiene acceso al oro, el tribunal ha ignorado "la realidad sobre el terreno" de que es el Gobierno de Maduro el que "controla" las instituciones del Estado en Venezuela.
Fuentes de Zaiwalla & Co han indicado a Efe que, una vez se presente el recurso, el juez Nigel Teare de la división Comercial y de la Propiedad del Superior decidirá si lo admite o no trámite, lo que debería hacer en un plazo relativamente corto porque "parece consciente de la urgencia del caso".
Los abogados de la Junta de Maduro cuestionan que un fallo de "tanta importancia legal internacional" como el anunciado hoy por el propio Teare se haya decidido en base a puntos legales, sin entrar a examinar "los hechos", y que la Corte haya aceptado la posición del bufete rival, Arnold & Porter, de que debía pronunciarse "como le dice el Gobierno británico".
Zawailla & Co señala que los cargos del banco emisor de Venezuela y el procurador general, José Ignacio Hernández, designados por Guaidó, residen fuera de Venezuela y es solo el Gobierno de Maduro el que puede asegurar, tal como se ha comprometido, que el oro se usará para paliar la crisis por la pandemia de COVID-19 en el país sudamericano.
El bufete también ve "insatisfactorio" que el juez haya dado por buenos los nombramientos de Guaidó sin tener en cuenta que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo venezolano, algo que el juez Teare juzgó como "no justiciable" (que no se puede someter a examen), como le pedían los abogados rivales.
En otro comunicado, el equipo de Arnold & Porter se congratula por su éxito y manifiesta que "el derecho de Guaidó a actuar como presidente interino de Venezuela ha sido reconocido como legítimo por unos 60 países, incluido el Reino Unido". EFE