SANTIAGO, República Dominicana.-Voces representativas de varias organizaciones feministas que abogan por el respeto a los derechos humanos, con un enfoque de género, reiteraron su posición en contra de la penalización del aborto en todas sus circunstancias, como se ha establecido en la modificación del Código Penal Dominicano, y abogaron porque sea despenalizado en las tres causales propuestas en la observación que hizo presidente Danilo Medina en su condición de cabeza del Poder Ejecutivo.
Sobre el tema las activistas sociales en Santiago y otras demarcaciones, manifestaron que se mantienen firmes en su posición de apoyar que se apruebe el aborto, con las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo, de priorizar la vida de la madre, en caso de que haya una situación de gravedad que atente contra su vida.
Estas observaciones, también conllevan la interrupción de un embarazo, en caso de violaciones o incesto, o cuando la criatura que se espera, presenta anomalía y que esto lo determinen las evaluaciones médicas.
En sus denuncias, las activistas representativas de las organizaciones que prepararon un manifiesto en relación a este debate, llamaron la atención de las autoridades, para que eviten muertes de mujeres por abortos clandestinos.
Manifestaron que mantener la penalización del aborto, en todas sus circunstancias, es una atentado contra los derechos de la mujer a decidir sobre su vida, además de que aumentará el peligro de muerte, en un país donde 20 de cada 100 mujeres muertes maternas, con por abortos inseguros.
Raquel Altagracia Rivera Rodríguez, lamentó que la República Dominicana, esté entre los pocos, países que mantiene esta condición de penalizar el aborto, aun cuando una mujer está expuesta a la muerte.
“Es penoso que insistan en sacar los aspectos del aborto del Código Penal, con la intención de dejar para un próximo debate un problema tan puntual como este que trata la vida de la mujer y sobre todo el respeto a sus derechos”, dijo Rivera.
La activista social que esto de proponer que el tema del aborto sea sacado de la discusión del Código Penal y proponer que se haga una legislación especial, es una táctica para de los interesados en mantener la penalización, para matar el debate y posponer la solución al conflicto social que el tema genera.