Elena Lorac nos relata la historia de su vida en voz baja, sin ocultar su impotencia ante la trampa kafkiana en la que ha estado encerrada. Nacida hace 23 años, en medio de las plantaciones de caña de azúcar de Sabana Grande de Boyá, 90 kilómetros al norte de Santo Domingo, la joven es una apátrida.

Las autoridades se niegan a darles a los dominicanos una cédula (carné de identidad), con el pretexto de que sus padres son inmigrantes procedentes de Haití para trabajar en las plantaciones del Estado, que nunca ha regularizado su situación. “Sin cédula, no puedo hacer nada, no puedo comprar un ordenador portátil ni abrir una cuenta bancaria, ni inscribirme en la universidad”, dijo.

Elena quiere continuar sus estudios para convertirse en maestra, y así ayudar a su madre que vive sola con sus cuatro hermanos menores. “Ella vive en la miseria, de la ayuda de Dios, y sufre de un tumor de mama, sin ningún seguro”, suspira la joven.

Durante varios meses, siempre con su acta de nacimiento, a Elena la enviaban de una oficina a otra. Hasta que en marzo de 2010, un funcionario de la Junta Central Electoral (JCE), el organismo encargado del estado civil, le dijo que ella no podía obtener la cédula porque sus padres “tenían nombres haitianos”.

“Me dijo que fuera a la Embajada de Haití a declararme como haitiana, pero yo nací aquí. Yo no hablo créole ni francés, yo no conozco a nadie allá, yo no nunca he ido allá”, dice Elena.

Nadie sabe cuántos descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana están en el mismo limbo jurídico que Elena. “No se ha hecho ningún censo, pero de acuerdo con varias estimaciones serían cerca de 300,000, la mayoría de los cuales no se han declarado”, dice Francisco Leonardo, un joven abogado que trabaja para Reconocido. Con la asistencia del Servicio Jesuita de Ayuda a Refugiados y Migrantes (SJRM), la ONG lucha por el reconocimiento de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.

“La Junta Central se niega a entregar documentos de identidad basados en el perfil fenotípico y el nombre de los padres. Se sacaron las solicitudes pendientes de muchos años bajo el pretexto de una investigación y durante ese tiempo la vida de los solicitantes ha estado paralizada”, dice el abogado. Con la ayuda de Reconocido, dos grupos, uno de 28 y otro de 101 dominicanos de ascendencia haitiana, recientemente tuvieron éxito en los tribunales de San Pedro de Macorís y El Seibo, en el este del país.

Convencidos de que la Junta Central Electoral “violó los derechos fundamentales” de los demandantes, ambos tribunales le ordenaron al órgano a que emitiera las cédulas. En vez de acatarlo, la JCE ha emprendido una campaña de intimidación contra los jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, que denunció Amnistía Internacional, e hizo una apelación.

“La JCE se apoya en una decisión de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó en diciembre de 2005 que los hijos de inmigrantes ilegales en tránsito no eran dominicanos”, se lamenta Leonardo, que está dispuesto a seguir luchando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La interpretación de la Corte Suprema de Justicia, cuestionada por eminentes juristas, fue incluida en la nueva Constitución promulgada en 2010 por el presidente Leonel Fernández. El Presidente concluye su tercer mandato el 16 de agosto y le ha confiado la política migratoria a la Fuerza Nacional Progresista (FNP).

Fundada por el abogado Vinicio "Vincho" Castillo ‒una especie de Le Pen tropical y uno de los asesores más cercanos al señor Fernández‒, la FNP no cesa de denunciar los peligros de “la invasión haitiana” y “un complot de las grandes potencias” para fusionar la República Dominicana y Haití, países que comparten la isla La Española.

El presidente Fernández nombró a uno de los cuadros principales de la FNP, José Ricardo Taveras, a la cabeza de la Dirección General de Migración. En junio pasado, Taveras emitió una circular que excluía de las escuelas a más de 30,000 alumnos cuyos padres son haitianos indocumentados. Ante una protesta provocada por esta medida, el director de Migración tuvo que dar marcha atrás.

El reglamento de la nueva ley sobre migración, elaborado sin hacer consultas, ha provocado fuertes reacciones. El número de haitianos indocumentados ha aumentado en las últimas décadas, con la complicidad remunerada de las autoridades encargadas de proteger la frontera. Una vez más, tampoco se dispone de cifras, y el estimado más reciente reportado es de por lo menos un millón de haitianos indocumentados, alrededor del 10% de la población dominicana.

Concentrados largo tiempo en las plantaciones de caña de azúcar, que pertenecían en gran parte al Estado, los haitianos las han ido dejando en los dos últimos años, a medida que esta industria se veía afectada por la crisis. Marcados por el esfuerzo agotador en los campos de caña, los braceros de más edad han organizado manifestaciones en las últimas semanas para exigir el pago de la pensión de 5,117 pesos (106 euros) que el Estado les debe, pero que todavía no ha pagado. Varios centenares han muerto en extrema pobreza, sin tocar ni un centavo, después de haber pagado la contribución durante toda su vida.

La gran mayoría de los indocumentados haitianos trabajan en la producción agrícola de arroz, plátanos o café; en la construcción o en el comercio informal. Para sus grandes proyectos de infraestructura, como el Metro de Santo Domingo, el Estado sigue siendo un importante empleador de mano de obra, clandestina, directa, o a través de subcontratistas. Los productores agrícolas y promotores inmobiliarios han denunciado el costo ‒en su opinión, excesivo‒ de los procedimientos de regularización de una mano de obra que consideran indispensable para sus actividades.

“El equipo actual de la Fuerza Nacional Progresista tiene una mala comprensión de las realidades migratorias, y la política por la que aboga no puede causar otra cosa más que ilegalidad y violaciones de los derechos humanos”, considera el padre Mario Serrano, quien dirige el SJRM. “Muchos de los jóvenes que el país no quiere reconocer son empujados a la prostitución o la delincuencia”, dice Elena Lorac.

Jean-Michel Caroit.

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