Santo Domingo.-EL gobierno dominicano anunció la creación de los departamentos de Investigación y Antifraude en la Contraloría General de la República, organismo que será sometido un estudio para dar paso a una "profunda reforma" con miras a fortalecer la lucha contra la corrupción.
Asimismo, el Gobierno impulsará una reforma de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y de la Ley de Publicidad, para lo cual creó una comisión de abogados.
La directora de Ética e Integridad Gubernamental anunció este jueves la formación de una comisión integrada por expertos para que en un plazo no mayor de 90 días llevará a cabo un estudio técnico del desempeño de la Contraloría General de la República, el que conduzca a una profunda reforma de ese órgano del Estado.
La doctora Milagros Ortiz Bosch, que definió el estdudio planeado como "riguroso", explicó que la comisión creada por el presidente Luis Abinader, también debe revisar y actualizar todo el marco legal de la Contraloría.
“Entendiendo que el país no puede esperar que se apruebe una nueva normativa para impulsar los cambios que se requieren en la Contraloría General de la República, he instruido al Contralor, para designar dos funcionarios de alto nivel para el desarrollo de la División de investigación y Antifraude de la Contraloría y el fortalecimiento de la función de auditorías internas especiales”, precisó.
"Así como las acciones anunciadas el pasado nueve de diciembre para reforzar la democracia y luchar contra el mal endémico de la corrupción, hoy, más que nunca, sabemos que estas acciones son la piedra angular de una convivencia pacífica y de una sociedad sana"
En rueda de prensa en el Palacio Nacional, la funcionaria detallaó que las dos nuevas instancias de la Contraloría de la República iniciarán de inmediato, Auditorías Especiales y de Investigación Antifraude en todas las instituciones del Estado, con énfasis en las nóminas públicas y en las contrataciones públicas.
Ortiz Bosch, acompañada del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero y el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció las disposiciones del presidente Abinader en favor de la transparencia y en contra de la corrupción en el las instituciones del Estado.
Sostuvo que el país avanza en un profundo proceso de auditoría interna de todas las instituciones del Estado dispuesto por el presidente Abinader.
“Nuestro país necesitaba un shock de
institucionalidad y modernidad sin precedentes, afirmó”.
Recordó el compromiso hecho al país por el mandatario de trabajar por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno y de la contraloría, así como la creación de una subdirección antifraude para inspeccionar de forma permanente todas las áreas del gobierno.
"Así como las acciones anunciadas el pasado nueve de diciembre para reforzar la democracia y luchar contra el mal endémico de la corrupción, hoy, más que nunca, sabemos que estas acciones son la piedra angular de una convivencia pacífica y de una sociedad sana", indicó.
Entre las acciones tomadas por el presidente, citó la creación de una comisión de revisión y reestructuración de las políticas y de los programas sociales, creada por el Decreto 687-20.
Agregó que el gobernante se comprometió a la formulación de un reglamento para la aplicación de la Ley de Salarios Públicos, el que ya fue consensuado entre los órganos afines y que será firmado en los próximos días.
Recordó la creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, creado por el Decreto 695-20.
“Esto demuestra la intención del gobierno de hacer realidad los principios rectores de nuestra actividad; avanzar en la institucionalidad y el fortalecimiento de la trasparencia”, manifestó.
Precisó que entre los compromisos adoptados por el gabinete, están acelerar los procesos de contratación; asegurar el pago a los proveedores del Estado y, sobre todo, llegar oportunamente, a quien es el objetivo fundamental de esta política, la gente.
Explicó que a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, se han conformado comisiones de juristas especializados en los diferentes temas para presentar propuestas legislativas sobre los temas de la Ley General de Publicidad Estatal y la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
Ortiz Bosch informó que para la redacción de la modificación de ley de publicidad, fue formada una comisión integrada por José Luis Taveras, Noel Sued y Carlos Pimentel, y para la de Libre Acceso a la Información la conforman los juristas Berenice Barinas, Carolina Santana, Mayra Cabral y Fabricio Collado.
“En torno a la importante propuesta de modificación y adecuación de las leyes de Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República, se ha dispuesto la integración de un equipo conformado por Patricia Santana Nina, Eric Rafúl, Julio García y Jorge Luis Polanco”, significó.
Indicó que en relación a la modernización y adecuación del Código Penal, en el Congreso ya cursa un proyecto que es estudiado de forma detallada.
Dijo que para darle el acompañamiento prometido al proceso, "se ha conformado una comisión con especialistas en el área, como Pedro Balbuena, Félix Tena y Jorge López”.
En cuanto a la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, dijo que trabajan ya en la propuesta los abogados Carlos Pimentel, Cristian Martínez y Mercedes Eusebio.
Comunicó que respecto a la ley electoral y normas afines, la Junta Central Electoral ha iniciado ya la conformación de los debidos equipos de trabajo para la preparación y estudio de propuestas de modificación. Anunciamos en el día de hoy nuestra disponibilidad y disposición de colaboración.
La directora de Ética agregó que a esas modificaciones legislativas se suman acciones dirigidas al control interno y anunció la creación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana, bajo estándares legales nacionales e internacionales.
Resaltó que el programa se implementará en las unidades de compras y contrataciones de cada entidad del gobierno para garantizar la gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas”.
Precisó que la disposición instruye a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), designar en cada entidad pública un Oficial de Cumplimiento Normativo, teniendo como fin procurar la excelencia y transparencia en las contrataciones y garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación.