Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El director general de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, informó de las nuevas políticas que el Gobierno dominicano impulsa a partir de la aplicación del reciente decreto 143-17, que fortalece el sistema de elección de las Comisiones de Ética Pública.
Cadet dijo, en rueda de prensa, que el mecanismo electivo se regirá por un proceso democrático y participativo basado en una votación universal, lográndose así mayor objetividad y transparencia, tomando en cuenta los miembros que conformarán dichas comisiones
"No dependerán de ministros ni de ningún alto funcionario directamente", lo que garantiza a su vez una protección e inamovilidad en su servicio, durante los dos años que dura su período y hasta los siguientes dos años, refirió.
Lidio Cadet precisó que se amplían las incompatibilidades para ser miembro de una Comisión de Ética, prohibiéndose la participación de los encargados de áreas, personas de confianza ni servidores sancionados.
En ese orden, destacó que no podrán ser desvinculados sin la previa autorización de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio Administrativo de Administración Pública (MAP).
Precisó que se amplían las incompatibilidades para ser miembro de una Comisión de Ética, prohibiéndose la participación de los encargados de áreas, personas de confianza ni servidores sancionados.
Cadet Jiménez sostuvo que las Comisiones de Ética Pública (CEP) mantendrán un vínculo directo y permanente con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para así evitar cualquier coartación respecto a su trabajo, injerencia y obstrucción de la canalización de denuncias de corrupción y faltas éticas.
Además, se suman nuevas responsabilidades e instrumentos de integridad gubernamental para las CEP, tales como el monitoreo en la correcta aplicación de los Códigos de Pautas Éticas, manejo de buzones de denuncias y gestión y mitigación de riesgos de corrupción.
Los planes de trabajo de las Comisiones de Ética formarán parte de la planificación operativa de las instituciones, por lo que las entidades oficiales tendrán que garantizar la disposición de recursos, fortalecimiento y evaluación de sus ejecutorias.EFE