Quito (EFE).- El Gobierno ecuatoriano disolvió hoy una organización no gubernamental (ONG) a la que acusa de cometer actos vandálicos que, la pasada semana, resultaron en agresiones a miembros de delegaciones diplomáticas, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
La Intendencia general de Policía de Pichincha colocó sellos de disolución en las instalaciones de la ONG Pachamama por indicación del Ministerio de Ambiente, al considerar que cometió una "injerencia en políticas públicas atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando la paz pública".
Los hechos a los que se refiere el comunicado ocurrieron el pasado 28 de noviembre, cuando un grupo de activistas ecologistas e indígenas que se oponen a que la explotación petrolera se extienda al sur de la Amazonía ecuatoriana protestaron por la licitación de cuatro de los trece bloques de exploración y explotación de crudo en el sureste del país.
La Fiscalía y la Policía Nacional de Ecuador investigan estos hechos que, según el comunicado, constituyeron una "desviación de los fines y objetivos estatutarios" de la ONG.
La presidenta de Pachamama, María Belén Páez, en otro comunicado, rechazó la disolución de esa entidad, que consideró un "acto arbitrario" para "reprimir" su derecho a "disentir de la decisión del Gobierno Nacional de entregar en concesión territorios de las nacionalidades indígenas amazónicas a empresas petroleras sin respetar sus derechos constitucionales".
La dirigente de la ONG rechazó cualquier manifestación violenta y aseguró que no se puede imputar a sus miembros los incidentes.
Calificó, en cambio, de violenta, la disolución de la organización que, dijo, se llevó a cabo "intempestivamente, sin causa legal alguna, sin un debido proceso que garantice la legítima defensa", por lo que anunció que impugnará la decisión.
Organizaciones rechazan disolución de ONG
Una docena de entidades sociales rechazaron la disolución de la organización no gubernamental (ONG) Fundación Pachamama, cuyas instalaciones fueron precintadas ayer por las autoridades bajo la acusación de estar implicada en actos vandálicos, aunque la entidad niega estas imputaciones.
Las organizaciones sociales calificaron de "arbitraria e ilegítima" la disolución de Pachamama y señalaron que se trata de "una grave violación al derecho humano fundamental a la libre asociación de los ciudadanos".
También indicaron que la medida se adoptó en virtud del Dereto Ejecutivo 16, "una norma infralegal", y se quejaron de que se les negó "el derecho a una legítima defensa" ante las acusaciones que se les imputan.
Según el ministerio ecuatoriano del interior, el pasado 28 de noviembre un grupo de activistas ecologistas e indígenas que se opone a que la explotación petrolera se extienda al sur de la Amazonía ecuatoriana, llevó a cabo una protesta en la que se produjeron agresiones a miembros de delegaciones diplomáticas.
La Fiscalía y la Policía Nacional de Ecuador investigan estos hechos que, según el Ministerio, constituyeron una "desviación de los fines y objetivos estatutarios" de la ONG.
La presidenta de Pachamama, María Belén Páez rechazó la disolución y dijo que con ella se reprimió el derecho de Pachamama a "disentir de la decisión del Gobierno Nacional de entregar en concesión territorios de las nacionalidades indígenas amazónicas a empresas petroleras sin respetar sus derechos constitucionales".
Calificó, en cambio, de violenta, la disolución de la organización que, dijo, se llevó a cabo "intempestivamente, sin causa legal alguna, sin un debido proceso que garantice la legítima defensa", por lo que anunció que impugnará la decisión.
HRW pide a Ecuador que revierta disolución de ONG
Washington, Estados Unidos.- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió al Gobierno ecuatoriano que revierta su decisión de disolver la ONG Fundación Pachamama, acusada de vandalismo, y que revoque el reciente decreto ejecutivo que le otorga "amplias facultades" para supervisar a entidades independientes.
La citada fundación ha sido "la primera víctima" del llamado Decreto Ejecutivo 16, que otorgó al presidente Rafael Correa "la potestad de disolver organizaciones de derechos humanos y de otro tipo que se interpongan a su programa de gobierno", denunció en un comunicado el director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
De acuerdo con HRW, ese decreto y su aplicación en este caso "contravienen los derechos de libertad de expresión y asociación".
"Conforme al derecho internacional, los Gobiernos deben asegurar que se permita a los defensores de derechos humanos realizar sus actividades sin que medien represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios", recordó la organización.
Vivanco, por su parte, anotó que "todo presunto acto de violencia perpetrado por manifestantes debería ser objeto de investigaciones penales imparciales, pero no corresponde que sea utilizado como pretexto para impedir que una organización participe en el debate público y en la promoción de los derechos humanos". EFE