San Juan, 14 abr (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy a través de un comunicado que enmendará la ley del plebiscito del próximo 11 de junio en respuesta a la petición del Departamento de Justicia federal de que la consulta sobre la relación política con Estados Unidos incluya el actual estatus de la isla.

Rosselló detalló que la decisión, en respuesta a la postura del Departamento de Justicia federal, comunicada a través de una carta firmada por el subsecretario de esa agencia estadounidense, Dana Boente, se tomó tras consultar con los líderes de las cámaras legislativas y la representante de Puerto Rico ante el Congreso.

El jefe del Ejecutivo dijo que el acuerdo se alcanzó tras analizar la situación con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, y la comisionada residente, Jenniffer González.

"Aunque resulta indigno ofrecer a los puertorriqueños la colonia como una opción para resolver los graves problemas que enfrentamos, la oportunidad de efectuar un plebiscito avalado por el Gobierno federal amerita dar un paso al frente en beneficio del pueblo de Puerto Rico", señaló el gobernador.

Rosselló indicó que por ello se modificará la consulta para que los puertorriqueños "voten en el plebiscito por una de las siguientes tres opciones: la independencia, el territorio -estatus actual- o la estadidad -anexión-".

"No hay excusas para no enfrentar el momento histórico de la gran definición de nuestro pueblo. Invito al liderato político de Puerto Rico a unirse y participar en un proceso vinculante que tendrá consecuencias para resolver el problema económico y político de Puerto Rico", agregó el primer mandatario.

Rosselló resaltó que "este sería el primer plebiscito vinculante con el Gobierno federal y no le daremos la espalda al pueblo de Puerto Rico".

A pesar de las palabras de Rosselló, el Congreso en Washington, quien tiene la última palabra sobre la soberanía de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, no se ha pronunciado en ningún momento sobre el hipotético carácter vinculante del plebiscito sobre el que habla el gobernador de Puerto Rico.

Por su parte, el presidente del Senado, acogió la solicitud del gobernador y adelantó que el próximo martes se aprobará la legislación que el primer ejecutivo ha solicitado.

Desde Washington, la comisionada residente se unió a los esfuerzos legislativos en Puerto Rico para que se enmiende el proyecto y se pueda celebrar la consulta avalada por el Gobierno federal.

"Mientras otros no quieren resolver nuestra indigna condición colonial llegó la hora de que Puerto Rico se levante. Las enmiendas propuestas por el gobernador harán de este plebiscito uno vinculante y no habrá excusa para los que por 50 años han buscado evadir su responsabilidad", destacó González.

"En el 2012 derrotamos la colonia, en el 2017 lo haremos una vez más, es cuestión de dignidad, una nueva generación se levanta a rescatar su patria y a defender sus dos banderas", agregó González.

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes indicó que "las expresiones del Departamento de Justicia federal no nos amilanan, ni nos quitan la voluntad de celebrar un plebiscito para descolonizar a Puerto Rico, y vamos a enmendar el proyecto para que no haya excusa y sea uno vinculante".

Rosselló rechazó hoy, inicialmente, la propuesta del secretario de Justicia de EE.UU., Jeff Sessions, de incluir en el plebiscito de junio sobre la relación política con el país norteamericano el actual estatus de Estado Libre Asociado, por entender que perpetua "la colonia".

"Justicia federal propone cambios a la ley de plebiscito. Resulta inaceptable incluir a la colonia en un proceso para descolonizar a Puerto Rico", señaló Rosselló.

Rosselló se había reunido recientemente en Washington con Sessions para entregarle toda la documentación de la ley aprobada sobre la consulta por el Gobierno local para su evaluación y que pusiera a disposición del Ejecutivo de la isla los 2,5 millones de dólares aprobados por el Congreso para la consulta popular.

Una ley federal de 2014 autoriza el desembolso de los 2,5 millones de dólares para celebrar el plebiscito, que en cualquier caso no tiene carácter vinculante al depender ese asunto en última instancia del Congreso estadounidense.

Al no aceptar Rosselló la petición de Sessions se daba por hecho que los fondos para celebrar la consulta no saldrán de Washington. EFE