SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El acta de allanamiento a los involucrados de la Operación Medusa revela que los imputados por este caso utilizaron fondos y materiales de la Procuraduría para beneficio personal.
El documento destaca que el acusado Rafael Stefano Canó Sacco, en función de jefe de Gabinete en la Procuraduría benefició a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez, EIRL, a su socio Daniel Elías Manzur Báez, mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría.
Según el interrogatorio realizado a Rainery Medina Sánchez, quien confesó al Ministerio Público que “Soluciones Manzu no prestó ningún servicio, pero que cobró aproximadamente RD$50, 000,000 y que a ella le hicieron repetir la solicitud de pago como 4 o 5 veces porque ellos siempre querían algo diferente”.
La Pepca configura esta acción como una estafa agravada al Estado dominicano y asimismo denuncia las entradas ficticias y adulteradas al almacén de la Procuraduría General.
Cuenta que Medina Sánchez a solicitud de Johannatan Loanders Medina Reyes, Rafael Anotonio Mercede Marte, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Altagracia Guillén y Francis Ramírez Moreno, procedía a realizar entradas irreales mediante facturas de almacén de la PGR sobre productos o mercancías que no llegaban o que llegaban incompletas.
Agrega que Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la Información era parte de esa maniobra, emitiendo certificaciones de que supuestamente equipos entraban a dicho departamento siendo falso.
“Para estos fines, eran emitidas certificaciones ficticias, dándose esta situación con equipos, mercancías y materiales de construcción. De estas acciones resultó beneficiada con materiales de construcción comprados por la PGR la investigada Altagracia Guillén y con los cuales hizo arreglos en bienes de su propiedad, conforme a las declaraciones de la testigo Rainiery Medina Sánchez, quien era la encargada de recibir dichos materiales”, delata.
De igual modo, continúa el documento, la investigada Amelia Isabel Escaño Mieses, encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, “utilizó su función para su provecho y de familiares, con productos y equipos comprados con los fondos de la PGR”.
Además denuncia la utilización irregular de los fondos operativos. Según la testigo Rainiery Medina Sánchez se daba la práctica de crear los mismos a nombre de empleados para ser utilizados discrecionalmente, como el caso del investigado Ronny Concepción, coordinador Operativo del Departamento de Servicios Generales.
Conforme a la Pepca, Concepción conjuntamente con Altagracia Guillén, hacían uso de esta modalidad, colocando una mayor cantidad de personal del que se iba a utilizar para determinada actividad. “Con fondos que debían ser para dietas y traslados”.
Agrega que lo mismo ocurría con el investigado Miguel Reynoso Genao, ingeniero supervisor de la División de Mantenimiento, el cual supuestamente tenía acceso a un fondo operativo de RD$300,000 el cual era dividido en RD$150,000 para los trabajos de la PGR y RD$150,000 en beneficio propio.