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Funcionario boricua sometido por corrupción por dudoso uso de US$7 mil

Por Gustavo Olivo Peña


SAN JUAN, Puerto Rico.-Por no poder explicar el uso dado a 7 mil dólares, entre otras irregularidades, el ex secretario de Justicia de Puerto Rico, Antonio Sagardía, enfrentará cargos judiciales desde el próximo día 15 del presente mes de agosto.

Según una información del periódico El Nuevo Día, firmada por Limarys Suárez Torres y Ricardo Cortés Chico, el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, será imputado por más de una decena de cargos criminales que incluyen presunta malversación de fondos públicos, falsedad ideológica y violación a la Ley de Ética Gubernamental.

Explica que fuentes de El Nuevo Día detallaron que el próximo jueves 15 de agosto a las 2:00 p.m. en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan el fiscal especial independiente (FEI) Guillermo Garau, que está a cargo del caso, someterá las denuncias contra  Sagardía por las que se expone, de ser hallado culpable, a una pena de prisión entre tres a 8 años.

“Las fuentes de este diario informaron ayer que las imputaciones por malversación de fondos y falsedad ideológica están relacionadas con el uso de las tarjetas de crédito oficiales asignadas al  exsecretario de Justicia y sus desembolsos durante viajes fuera de Puerto Rico”, detalla la información de El Nuevo Día, el más importante periódico puertorriqueño.

Explica el diario que toda la investigación contra el exfuncionario comenzó con una auditoría ordenada por su sucesor en Justicia, Guillermo Somoza, sobre los gastos oficiales de Sagardía, quien ocupó el cargo sólo durante el primer año de la gobernación de Luis Fortuño.

Subraya que la investigación interna de Justicia llevó a que Somoza presentara una querella en la Oficina del Contralor, que comenzó una auditoría especial sobre el período en que Sagardía ocupó el cargo.

“Los funcionarios de la Oficina del Contralor avalaron las irregularidades, que en todo momento han sido negadas públicamente por el togado”, precisa.

Agrega que entre los asuntos señalados por la Oficina del Contralor se encontraba el uso de las tarjetas de crédito de la agencia para pagar asuntos personales o sumas en exceso a los límites reglamentarios.

“De hecho, la Oficina del Contralor puso en duda más de $7,000 de los desembolsos hechos por Sagardía”, resalta.

Asimismo, explica que los cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental están relacionados con una presunta intervención indebida de parte del funcionario para favorecer al cliente de un abogado que había sido su socio.

“Ese socio es el licenciado  Víctor Ramos Rodríguez, quien, junto a Sagardía será acusado por el  FEI pero solo por un cargo. Sagardía ha alegado que Ramos Rodríguez nunca ha sido su socio sino que, previo a ser secretario de Justicia, compartían la misma oficina legal”, precisa la información.

 

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