SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A raíz de la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), personas interesadas en presentar sus denuncias se dieron cita en el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ante los delegados de la misión, quienes se arribaron a la nación invitados por el gobierno dominicano.

La misión de la CIDH tiene como función supervisar y analizar el alcance de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, dictada el 23 de septiembre del año en curso, además de asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos de ascendencia extranjera.

A razón de la recepción de las denuncias por parte de la CIDH, Guillermo Gil-Wilkens, ciudadano Haitiano radicado en el país desde el 1994, quien con un modesto cartel en mano en el que anuncia su huelga de hambre a manera de protesta frente a la Embajada de Haití, se apersonó para presentar denuncia sobre supuestos maltratos recibidos en el año 2007 por agentes de la Dirección General de Migración.

“En 2007 fui maltratado y golpeado por la dirección de Migración, y tenía mis documentos”, denuncia Gil-Wilkens, quien a la sazón se desarrollaba como camarero del hotel Catalonia, y que ahora se encuentra desempleado, según él, por presuntos daños causados por los agentes de Migración.

“Si el Estado tiene problemas con el Estado de Haití, no tengo que pagar las consecuencias. El Estado tiene una ley para cuidar a los ciudadanos que viven en su territorio"

Afirma, sin perder el buen ánimo, que durante el mandato de Leonel Fernández, hizo una inversión de unos 40 mil pesos para “comprar” su carnet de residencia a la Dirección General de Migración, aunque dice no recordar el año en efectuó dicha adquisición.

“La dirección de Migración me vendió la residencia y luego me maltrataron. Obligan a ciudadanos a tener documentos y luego abusan contra nosotros. Ponen sus reglas y no las respetan”, asevera.

Explica que la comisión tiene el caso y revela esperar que la misma pueda colaborar en una demanda contra la Dirección de Migración, a la vez de enviar un mensaje a Johnny Vásquez y a Consuelo Despradel, quienes, según señala, han sido constantes en sus críticas al gobierno haitiano, acusándolo de no suministrar documentos a los ciudadanos de la vecina nación.

Gil-Wilkens relata que ha sido participe del “drama humano”, calificativo otorgado a la situación de los nacionales con ascendencia extranjera, por el presidente Danilo Medina, al conocerse los posibles alcances del fallo del Constitucional, dado que su familia tuvo que emigrar a Haití, influenciados por la sentencia.

“Si el Estado tiene problemas con el Estado de Haití, no tengo que pagar las consecuencias. El Estado tiene una ley para cuidar a los ciudadanos que viven en su territorio, no para maltratar. Si están luchando para que las personas tengan documentos, ¿por qué tienen que maltratarme aun con documentos en mis manos?”, cuestiona.

Sin ignorar las luces de las cámaras que se ciernen sobre él, tranquilo y con un español matizado por su lengua materna, aplaude la posición del presiente Michel Martelly y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante el fallo, y el “interés” de que los derechos de nacionales y extranjeros prevalezcan en el país.