SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fiscalía del Distrito Nacional detuvo un intento de embargo irregular que se pretendía ejecutar en la residencia del presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, en el sector de Bella Vista.
“A todas luces es un proceso irregular, fuera de la ley, porque además nosotros advertimos vía comunicación, que no podía realizarse un embargo o utilizar la fuerza pública en el Distrito sin la participación del Ministerio Público, como lo establece la ley orgánica”, sostuvo Moscoso Segarra.
El fiscal del Distrito dijo que los embargos se habían vuelto un “relajo”, porque la fuerza pública hay que solicitarla por los mecanismos legales obligatorios, y no que los alguaciles, abogados y jueces vayan con un titulo ejecutorio falso o un pagaré notarial falso, y les lleven todo a las personas y negocios que embargan.
“Si mi hijo hace algo, embarguen a mi hijo, esa es la primera irregularidad; segundo es que lo hizo un alguacil con policías, y un grupo de tígueres, vamos a decirlo así; y tercero sin la presencia de un Fiscal”, indicó Balcácer, al referirse al embargo que se intentó en su residencial.
La fiscalía dijo que serán sometidos a la justicia el ministerial Pavel Monte de Oca, alguacil de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, así como los agentes de la patrulla policial que actuaron en el frustrado embargo
La fiscalía dijo que serán sometidos a la justicia el ministerial Pavel Monte de Oca, alguacil de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, así como los agentes de la patrulla policial que actuaron en el frustrado embargo.
Moscoso Segarra hizo un llamado al presidente del Colegio de Abogados, de la Asociación de Alguaciles y al Jefe de la Policía Nacional, a fin de que adviertan a sus miembros, para que desistan de dicha práctica, ya que de lo contrario serán sometidos a la justicia.
El pasado 15 de julio el Fiscal del Distrito instruyó a la Magistrada Procuradora Fiscal Adjunta, Mary Estrella, coordinadora del Departamento de Fuerza Pública, para que no permitiera en la capital la ejecución de embargos, ejecutivos o desalojos sin la debida concesión de la fuerza pública.