SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El ex ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, consideró que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadanda, que tiene proyectado el gobierno del presidente Danilo Medina, creará un gran aparato burocrático al tiempo que excluye a las comunidades.

A juicio del dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el plan concebido por el Gobierno es en gran medida similar al que fue recomendado a Perú por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2003, cuando la tasa de criminalidad en esa nación era de 5.6 homicidios por 100 mil habitantes, y que en 2010 ya había crecido a 18.5 por 100 mil habitantes.

Advirtió que en Perú se montó una estructura que generó una burocracia que todavía en 2011 no se había terminado de juramentar. Sostuvo que la estructura contenida en los decretos del presidente Danilo Medina es similar a la que se creó en Perú.

“Si en nuestro país vamos a pasar a juramentar esas mesas por municipios, y luego ellas van a hacer quórum para discutir y proponer soluciones, irán dejando fuera a la comunidad”, afirmó.

Advirtió que en Perú se montó una estructura similar, que generó una burocracia que todavía en 2011 no se había terminado de juramentar

“Nuestro Plan de Seguridad Ciudadana tal y como ha sido ahora diseñado demuestra el alto interés del Presidente Medina, pero crea un aparato burocrático que deja fuera de participación a las organizaciones naturales de la sociedad, como son las juntas de vecinos de sectores residenciales, organizaciones comunitarias de los barrios y las diferentes formas de organización de los sectores de producción de bienes y servicios”, consideró Almeyda Rancier.

“Precisamente esa es una gran debilidad en el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social del Perú,  con la diferencia de que la Policía de ese país es mucho más moderna y eficiente que la policía dominicana”, advirtió.

A juicio del ex rector de la UASD y miembro del comité político del PLD, no se trata solo de tener una representación de organizaciones sociales en las mesas de trabajo, sino que recaben en la sociedad las informaciones sobre las cosas a superar para el ejercicio de los derechos, y que las instituciones del gobierno respondan  a esos requerimientos.

Consideró que la seguridad ciudadano no es poner a la sociedad a que juegue el papel de la Policía y del Ministerio Público, ni otras instituciones del Estado, sino de que la ciudadanía ejerza sus derechos de manera libre con el apoyo de las autoridades.

“Mientras la Policía no se ponga progresivamente en las condiciones de realizar su función de prevención de manera eficiente, el Plan de Seguridad Ciudadana adolecerá de esa debilidad, limitando los esfuerzos de la sociedad para de forma integral trabajar por el  progreso y desarrollo”, afirmó Almeyda Rancier.

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