SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Como venganza y en represalia por la sospecha de que fueron ellos los responsables de dar a conocer el contrato de venta de una vivienda del magistrado Fran Soto Sánchez al imputado de dirigir una red de sicarios, Arsenio Quevedo, dos importantes funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Suprema Corte de Justicia fueron suspendidos, sin que en la notificación que se les hizo se dijera las razones por las que estaban quedando fuera de sus respectivos trabajos.
Los suspendidos son Carmen D. Alcántara Protorreal, Inspectora Judicial, y Ney E. Soto de los Santos, Contralor de la Jurisdicción Inmobiliaria. Ambos fueron notificados el pasado 14 de febrero por la licenciada Mariloy Díaz Rodríguez, en funciones de Directora General de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, dependencia del Consejo del Poder Judicial.
El texto de las comunicaciones es enigmático. Dice solamente lo siguiente: “Le informamos que el Consejo del Poder Judicial, en su sesión celebradas en fecha 13 de febrero de 2019, según consta en el Acta Núm. 6-2019, DECIDIO suspenderle con efectividad inmediata. Atentamente….”
Las dos comunicaciones dicen lo mismo. Tienen la misma fecha. Están firmadas por la misma funcionaria interina, y se refieren a una decisión conjunta del Consejo del Poder Judicial, relacionada con la revelación de una negociación hasta ahora no explicada, del magistrado Fran Soto Sánchez, quien vendió una casa en 4.1 millones de pesos a un reo de la justicia, Arsenio Quevedo, y que el abogado Julio Cury ha pedido explicaciones pero que no se la han ofrecido porque las operaciones financieras se hicieron casi al mismo tiempo que comenzaban las dificultades judiciales del señor Arsenio Quevedo, presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN).
La publicación, de la que Acento se hizo eco, generó molestias en las esferas más altas del poder judicial y en el entorno del presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Mariano Germán. Fran Soto Sánchez y Mariano Germán son los dos representantes de la Suprema Corte de Justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se encuentra en sesiones en este período para evaluar a doce de los 16 jueces de ese tribunal, entre los que se encuentra el magistrado Soto Sánchez, y quien estaría aspirando a presidir la Suprema Corte de Justicia.
Los datos obtenidos por este diario dan cuenta de la participación, además de Soto Sánchez, en la suspensión de los dos funcionarios de la jurisdicción inmobiliaria, de dos de los hijos del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariel y Pavel Germán, quienes habrían actuado para que el Consejo del Poder Judicial asumiera las sanciones llevadas en contra de dos empleados que han realizado una labor honesta e impecable.
La Jurisdicción Inmobiliaria es uno de los grandes logros del poder judicial en los últimos años. Ha recibido apoyo técnico y financiero de organismos internacionales, y los funcionarios de esa área, especialmente los suspendidos han desarrollado una labor eficiente.
El Consejo del Poder Judicial tiene el poder sancionador en los casos de irregularidades de magistrados, pero no abarca a los de la Suprema Corte de Justicia, que deberá aplicar sanciones sólo en caso de violaciones flagrantes, y que correspondería removerlos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
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