SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La institución sin fines de lucro Fundación Primero Justicia (FPJ), elevó una instancia ante Procuraduría General de la República el pasado martes 10, en solicitud de iniciar una investigación frente a las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la licitación para la confección de la nueva cédula biométrica.

La licitación fue hecha por disposición de la Junta Central Electoral (JCE), y la empresa ganadora fue Copy Solutions Internacional, con un contrato por un monto de 16 millones 300 mil dólares.

En una comunicación expedida a Acento.com.do, Miguel Surum Hernández, presidente de la organización, requiere el inicio de la pesquisa, la cual, según refiere, se realizó supuestamente violentando los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 166, 167, 265 y 266 del Código Penal, así como el artículo cuatro de la Ley 712 del 27 de junio del 1927, que sustituye los artículos 169 y 172 del Código Penal.

Según refiere el documento, las empresas Caelum Dominicana y PyhexVentures realizaron denuncias sobre supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del proyecto, “las cuales ameritan ser investigadas a profundidad”.

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“Estamos recabando toda la documentación pertinente para sustentar el correspondiente querellamiento por corrupción administrativa contra todos aquellos que resulten involucrados en los hechos denunciados”.

“Estamos recabando toda la documentación pertinente para sustentar el correspondiente querellamiento por corrupción administrativa contra todos aquellos que resulten involucrados en los hechos denunciados”, explicó la comunicación.

Anteriormente se había denunciado que la compañía Copy Solutions es una institución que cuenta con “cero experiencia” en la creación de documentos de identidad, lo que podría resultar en una identificación menos seguro, de peor calidad y mucho más caro que la cédula actual.

Asimismo, se declaró que el proyecto de la nueva cédula de identidad le costará a los contribuyentes más de 16 millones de dólares, además de que la JCE estableció “criterios de evaluación ilógicos para el logro de los objetivos anunciados”, en la se asignó un 70 por ciento del valor total de la evaluación al equipo de impresión, 20 por ciento a la seguridad, calidad y confiabilidad de la cédula y 10 por ciento a la propuesta económica.

Documento.

Instancia de la Procuraduría General Fundación Primera Justicia

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