SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Foro por un Estado Laico, Eugenio María de Hostos, denunció que con el acuerdo suscrito por el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD) y la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), se busca “privatizar los recursos del 4 % del PIB del sistema de Educación Pública”.
La organización aseveró que a raíz del acuerdo, el MINERD, pagará la nómina del personal docente, administrativo y de apoyo, e incluirá al personal docente de las instituciones educativas católicas en los planes de capacitación que desarrolla.
“Esto significa que los padres de clase media dejarán de pagar cuotas para ser subsidiados por el 4 % del PBI destinado a la Educación Pública. De esta forma merman los recursos destinados a la educación de los más pobres y les quitan la libertad de acceder a una educación laicista, libre de dogmas, crítica y científica; donde solamente se enseñen teorías fundamentadas en evidencias y los métodos de observación empíricos”.
Agregó que dicho convenio constituye la “invasión más agresiva del espacio público por el Episcopado Católico Dominicano y la violación más peligrosa a la institucionalidad del Estado Social y Democrático de Derecho”.
A continuación, colocamos integro el manifiesto del Foro por un Estado Laico, Eugenio María de Hostos:
¡No a la privatización Católica de la Educación y a la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado!
Manifiesto del Foro por un Estado Laico Eugenio María de Hostos
¡Indignaos Pueblo Dominicano! El Ministro de Educación Carlos Amarante firmó un acuerdo con la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) para privatizar los recursos del 4% del PIB del sistema de Educación Pública y así regresar la Educación a finales del siglo XV, cuando la Corona Española y la Iglesia Católica Romana despojaron al pueblo nativo de sus tierras, su religión y todos sus derechos, imponiendo el catolicismo como religión de Estado.
Según este acuerdo, el Ministerio de Educación (MINERD), “pagará la nómina del personal docente, administrativo y de apoyo, e incluirá al personal docente de las instituciones educativas católicas en los planes de capacitación que desarrolla”. Esto significa que los padres de clase media dejarán de pagar cuotas para ser subsidiados por el 4% del PBI destinado a la Educación Pública. De esta forma merman los recursos destinados a la educación de los más pobres y les quitan la libertad de acceder a una educación laicista, libre de dogmas, crítica y científica; donde solamente se enseñen teorías fundamentadas en evidencias y los métodos de observación empíricos.
Significa además la invasión más agresiva del espacio público por el Episcopado Católico Dominicano y la violación más peligrosa a la institucionalidad del Estado Social y Democrático de Derecho. Este proceso de secuestro de la educación Pública se inició con el gobierno de Leonel Fernández en 1997 que publicó la Ley de Educación 66-97. La Ley adoptó el artículo 22 del Concordato, que establece que la “enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctrina y de la moral católicas”. Sus consecuencias son conocidas. La deserción escolar, el aumento de la mortalidad materna entre adolescentes, y los matrimonios prematuros y forzados a las niñas de familias de origen pobre, son solo una muestra de las consecuencias de permitir que una Religión imponga lo que considera pecado al conjunto de la población.
La injerencia religiosa atenta contra los derechos a una educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. La privatización religiosa de todo el sistema educativo deja la población dominicana pobre sin alternativas fuera del ámbito religioso. Elimina de un porrazo la educación científica, moral y laicista de Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña de Henríquez, que por más de un siglo conformó la zapata de la educación dominicana. Lo que está en juego es la libertad, la igualdad, y los derechos de cada persona a seguir su conciencia sin ser atormentados por ángeles y demonios del más allá. Lo que está en juego es el Contrato Social que define al Estado Dominicano en su Constitución como Estado social y democrático de Derecho. Se sustituye la legitimidad de los gobernados para elegir sus representantes, por la Autoridad eclesiástica del Vaticano basada en la “Ley de Dios y la ley canónica” que rige el Concordato.
La causa del desorden social y el secuestro católico de la Constitución y las leyes es la ausencia de laicidad en los principios constitutivos de nuestra sociedad y de sus instituciones públicas. La separación de Iglesia y estado es la solución para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a la libertad de conciencia. Lo hace convirtiendo los derechos humanos en capacidades para la acción.
El acuerdo entre el MINERD y el Episcopado Católico aumenta la brecha entre ricos y pobres al traspasar los recursos de la educación pública a la privada. Además, disminuye la capacidad de acción de la mayoría pobre de la sociedad, y destruye las posibilidades de una autentica revolución educativa, que empodere a las clases desposeídas con la educación científica del siglo XXI, para que pueda ejercer sus derechos en las mismas condiciones que lo hacen las clases adineradas.
Invitamos a la población en general, a los padres y madres de los estudiantes que asisten a las escuelas públicas, a las clases campesinas y trabajadoras, a asociaciones de la sociedad civil, a otras denominaciones religiosas, y a los partidos políticos emergentes, a que se unan a la lucha para no parar el proceso de integración en las escuelas de las clases más pobres y las capas medias.
La maniobra de la Iglesia con este “Convenio Marco” es evitar la migración de sus estudiantes al sector público y lograr que el Estado les asigne nuevos locales, los mantenga, y les pague todos los gastos para evitar reducir su poder sobre el pueblo. La iglesia Católica Romana desea continuar con la segregación clasista al interior del Sistema de Educación. Esta fue iniciada por la política de Rafael Trujillo que segregó a los pobres en escuelas públicas mientras traspasaba los recursos del Estado para construir Colegios católicos e importar congregaciones religiosas extranjeras. Crearon lo que la UNESCO denomina el factor perverso en Educación. Esto es, la combinación de la desigualdad y la segregación, por constituir el obstáculo principal que enfrentan las clases desposeídas y trabajadoras para usar la educación como vía para salir de la pobreza.
¡Por una Educación de Calidad, Pública y Laica! ¡No a la Privatización del presupuesto del 4% para Educación! ¡No a la enseñanza de fundamentalismos religiosos en las escuelas del Estado, o financiadas por el Estado! ¡Separación de ciencia y religión, la ciencia en las escuelas, y la religión en los templos! ¡Por una nueva Ley de Educación y una Asamblea Constituyente!