SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Foro por un Estado Laico Eugenio María de Hostos acusó a la Iglesia Católica de manejar con “irresponsabilidad criminal” los casos de sacerdotes que violan menores de edad.
Al unísono, la organización ciudadana reclamó al Procurador General de la República que proceda de inmediato a someter a la justicia al nuncio y a los sacerdotes denunciados como violadores y pederastas.
El foro advirtió que el Concordato Trujillista con la Santa Sede, vigente desde 1954, revela que el Artículo XIII no prohíbe que los sacerdotes sean procesados por la Justicia, pero les ofrece dos privilegios: (1) ser tratados con el “miramiento debido a su estado y a su grado”; y (2) en caso de condena, cumplir la pena “en cuanto sea posible, en un local separado del destinado a los laicos”.
“Es hora de poner fin al anacrónico Concordato, que entorpece el funcionamiento de la justicia en el país y que perpetúa privilegios odiosos e inconstitucionales. Ya basta de hipocresías jurídicas, políticas y clericales”, expresó.
La entidad cívica afirmó que los reportajes periodísticos recientes y las declaraciones de Agripino Núñez confirman que las autoridades católicas persisten en su tradicional encubrimiento de los curas pedófilos,” tomando medidas que, en lugar de auxiliar a las autoridades estatales en el apresamiento de estos criminales, tienen el propósito de ayudarlos a evadir la justicia”.
El Foro por un Estado Laico Eugenio María de Hostos expresó su solidaridad con las víctimas y con el dolor de las familias cuyos niños, niñas, o adolescentes han sido traumatizados por el abuso sexual clerical.
“Las graves acusaciones de los últimos días, particularmente las referidas al sacerdote Wojciech Gil (Alberto) y el Nuncio papal Josef Wesolowski, confirman las denuncias de las asociaciones de víctimas de abuso clerical a nivel internacional en el sentido de que las condenas de estos crímenes por los últimos papas y la recién promulgada reforma del Código Penal del Vaticano son más que nada un ejercicio de relaciones públicas”, sostuvo la entidad.
A continuación el comunicado con la declaración íntegra:
Declaración del Foro por un Estado Laico Eugenio María de Hostos
Ante la pederastia sacerdotal y la irresponsabilidad de autoridades religiosas y civiles
El Foro por un Estado Laico Eugenio María de Hostos denuncia la irresponsabilidad criminal con que las autoridades de la Iglesia católica siguen manejando los casos de pederastia sacerdotal, al tiempo de solidarizarse con las víctimas y con el dolor de tantas familias cuyos niños, niñas, o adolescentes han sido traumatizados por el abuso sexual clerical.
Las graves acusaciones de los últimos días, particularmente las referidas al sacerdote Wojciech Gil (Alberto) y el Nuncio papal Josef Wesolowski, confirman las denuncias de las asociaciones de víctimas de abuso clerical a nivel internacional en el sentido de que las condenas de estos crímenes por los últimos papas y la recién promulgada reforma del Código Penal del Vaticano son más que nada un ejercicio de relaciones públicas dirigido a tranquilizar la opinión pública internacional y, sobre todo, a detener el éxodo de creyentes católicos del seno de la Iglesia1.
Los reportajes periodísticos recientes y las declaraciones de Agripino Núñez confirman que las autoridades católicas persisten en su tradicional encubrimiento de los curas pedófilos, tomando medidas que, en lugar de auxiliar a las autoridades estatales en el apresamiento de estos criminales, tienen el propósito de ayudarlos a evadir la justicia.
El obispo santiagués declaró tranquilamente que el cura Wojciech fue expulsado de la Iglesia justo antes de su huida a Polonia y que el Nuncio Wesolowski fue destituido y sacado del país por las autoridades eclesiásticas días antes de que se hicieran públicas las denuncias en su contra.
En otras palabras, y contrario a las promesas vaticanas de fortalecer la lucha contra la pederastia sacerdotal, las autoridades eclesiásticas dominicanas ayudaron a estos criminales a huir del país, en lugar de denunciarlos ante las autoridades y aportar las pruebas de comportamiento criminal que tenían en su poder.
Como si esto fuera poco, en el día de hoy (ayer jueves 5 de septiembre) el Arzobispado de Santo Domingo ofreció una rueda de prensa cuyo objetivo principal parece haber sido negar la veracidad de las acusaciones, atribuyéndolas a intereses malsanos dentro de los medios de comunicación y de paso desautorizando las declaraciones de Núñez Collado.
La presentación en esta rueda de prensa de supuestos testigos que ahora se retractan de sus acusaciones, las denuncias de presiones a los familiares de las víctimas de Juncalito y de Constanza, y las amenazas divulgadas en el día de hoy contra organizaciones comunitarias y feministas que acompañan el proceso en Constanza, confirman que la jerarquía dominicana está siguiendo la misma estrategia utilizada por la Iglesia en muchos otros países:
-Ocultar los hechos mientras sea posible
-Minimizar o negar la veracidad de los mismos
-Presionar a los familiares y testigos para que no acudan a la justicia
-Y desacreditar a los que se atrevan a denunciar los hechos y apoyar a las víctimas.
Aquí han ido todavía más lejos, como se observó en el caso del cura de Bonao, Zacarías Cordero, a cuyas audiencias se presentaron docenas de sacerdotes liderando turbas de fieles en autobuses con intención de amedrentar a los denunciantes y obstaculizar el proceso judicial.
El segundo objetivo de la rueda de prensa parece haber sido apaciguar a la opinión pública y a la feligresía católica con peticiones de perdón y solicitudes a la Justicia para que actúe con firmeza y, de confirmarse las acusaciones, aplique las sanciones correspondientes.
La sinceridad de esta parte de la declaración no resiste mucho escrutinio, vista la trayectoria del Arzobispado y de la Conferencia Episcopal en relación a estos casos.
Los que hoy piden perdón hicieron todo lo posible por detener las investigaciones en el caso de San Rafael del Yuma; nunca han desautorizado a los “desconocidos” que amenazan testigos, ni a los curas que organizan turbas; nunca han sometido a la justicia a los curas acusados ni entregado a las autoridades judiciales las pruebas que tienen en su poder.
Los que esta mañana (ayer) exigían a las autoridades actuar con firmeza hacían al mismo tiempo todo lo posible por desvirtuar las acusaciones y por desacreditar a los medios de comunicación que las dieron a conocer.
Es bien sabido que el confesionario proporciona a la Iglesia la red de informantes más grande del mundo -‐ envidiada por todas las agencias de espionaje y servicios de inteligencia-‐ por lo que hay pocas dudas de que los jerarcas católicos estaban desde hacía tiempo perfectamente enterados de lo que ocurría en Juncalito, en Constanza, en el INVI, en Bonao, en Higüey y quién sabe en cuántos sitios más que todavía no salen a la luz pública. En los casos de Juncalito y del Nuncio ni siquiera hay que especular sobre si la Iglesia sabía o cuánto sabía, dado que Agripino se encargó de confirmar nuestras peores sospechas. Lo que habría que preguntarse es: ¿de cuántos casos más de curas pedófilos, violadores de monjas, acosadores de estudiantes de escuelas y universidades católicas, chantajistas sexuales de feligresas, etc., tiene conocimiento (y sin duda, abundante documentación) la Iglesia local?
El silencio de las autoridades eclesiásticas, la pasividad de la justicia y la timidez con que muchos medios de comunicación han manejado estas informaciones han contribuido a mantener un clima de impunidad que sin duda fomenta los abusos sexuales sacerdotales.
En efecto, los padres de las y los menores abusados no los protegieron de sus agresores justamente porque desconocían la gravedad del problema de pederastia sacerdotal que afecta a la Iglesia católica en todas partes y por el que ya han sido llevados a la justicia miles de sacerdotes.
En vez de investigar y dar a conocer la verdad, las autoridades dominicanas y la mayoría de los medios de comunicación han puesto en primer plano la preservación de la imagen de la Iglesia, ocultándole al pueblo la gravedad de los riesgos que enfrentan las y los menores puestos al cuidado de curas.
Cabe señalar que los países donde más sacerdotes han sido llevados a la justicia son justamente aquellos que no tienen Concordatos con la Santa Sede –es decir, aquellos donde la Iglesia y sus ministros no gozan de los privilegios jurídicos que existen en República Dominicana y otros países.
Las autoridades judiciales de Estados Unidos, Australia, Alemania, Suiza y otros países europeos llevaron a los tribunales a obispos y sacerdotes criminales sin esperar a que éstos fuesen destituidos de sus cargos por la Iglesia, como se estila aquí.
Una lectura del Concordato Trujillista con la Santa Sede, vigente desde 1954, revela que el Artículo XIII no prohíbe que los sacerdotes sean procesados por la Justicia, pero les ofrece dos privilegios: (1) ser tratado con el “miramiento debido a su estado y a su grado”; y (2) en caso de condena, cumplir la pena “en cuanto sea posible, en un local separado del destinado a los laicos”.
Las autoridades dominicanas, siempre genuflexas ante el poder de la Iglesia, han ido más lejos de lo establecido en el Concordato, esperando a que los curas sean destituidos de su estatus religioso antes de someterlos a la justicia. Esto permitió que tanto Wojciech Gil como Wesolowski pudieran abandonar el país antes de que la Iglesia diera a conocer su destitución, en tanto los sacerdotes Cirilo Núñez y Ramón Betances, acusados por las niñas violadas en Higüey y que no han sido destituidos de sus cargos clericales, nunca fueron sometidos a la justicia.
La sociedad dominicana no debe pasar por alto la hipocresía de los jerarcas católicos, que se atreven a exigirle a las autoridades judiciales que hagan lo que ellos no han hecho nunca, que es denunciar ante las autoridades a los sacerdotes implicados en hechos criminales, facilitándoles las pruebas de que disponen.
Por el contrario, las investigaciones periodísticas dejan claro que, al menos en los casos de Wesolowski y Wojciech Gil, la Iglesia ocultó actos criminales, protegió delincuentes y obstaculizó la acción de la justicia.
Dado que las declaraciones de Agripino no sólo lo comprometen a él sino también al Cardenal -‐que fue quien tramitó ante el Vaticano la destitución de Wesolowski y su presurosa salida del país-‐ está claro que al menos ellos dos son pasibles de sometimientos judiciales por encubrimiento y complicidad criminal.
Y es así como llegamos a la interrogante fundamental: ¿qué piensan hacer las autoridades judiciales dominicanas ante la admitida complicidad criminal de los jerarcas eclesiásticos?
Acosado por la indignación pública, el Procurador General de la República declaró ayer (el miércoles) su intención de investigar los casos recientes hasta las últimas consecuencias.
Sin embargo, al día de hoy ninguno de los curas ha sido imputado y la Cancillería se niega a hablar con la prensa sobre la posibilidad de solicitar la extradición de Wesolowski.
Peor aún, en lugar de referirse a la admitida complicidad de los jerarcas religiosos, el Procurador agradeció públicamente "el respaldo y cooperación de la Iglesia Católica para que prevalezca la verdad y la justicia” en estos casos.
En lugar de ofrecernos estas pildoritas de azúcar, bien haría el Procurador en imitar a las autoridades judiciales de Kansas City, que el año pasado condenaron al obispo Robert Finn por encubrimiento y complicidad en casos de pedofilia sacerdotal que involucraban a sacerdotes bajo su responsabilidad.
Si Domínguez Brito de verdad quiere evitar que estos casos queden impunes, está clarísimo lo que debe hacer:
1) Proceder judicialmente y sin más pérdida de tiempo contra todos los curas implicados en casos de abuso sexual; 2) proceder judicialmente contra las autoridades eclesiásticas que, según admisión propia, facilitaron la huida del país de los dos polacos; y, 3) abrir el caso de las 10 niñas abusadas en el albergue católico de Rafael del Yuma de Higüey y proceder contra los dos sacerdotes acusados.
El Foro por un Estado Laico Eugenio María de Hostos demanda que las autoridades judiciales dominicanas pongan fin de una vez por todas a la impunidad de que históricamente han disfrutado los curas pedófilos y los obispos que los protegen.
El hecho mismo de que empiecen a salir a la luz pública los casos de pedofilia sacerdotal son una muestra de que la sociedad dominicana está cada vez menos dispuesta a tolerar los abusos de poder de la Iglesia.
Es hora de poner fin al anacrónico Concordato, que entorpece el funcionamiento de la justicia en el país y que perpetúa privilegios odiosos e inconstitucionales. Y
a basta de hipocresías jurídicas, políticas y clericales. Si de verdad quieren poner fin a los abusos sexuales de religiosos hay que empezar por aplicar las leyes, tanto contra los agresores sexuales como contra las autoridades civiles y eclesiásticas que encubren a los culpables.
Santo Domingo Septiembre 5, 2013
1 Ver, por ejemplo, la denuncia aparecida en la prensa de hoy a propósito del caso del Nuncio (http://www.listin.com.do/las-‐ mundiales/2013/9/5/291005/Asociacion-‐EU-‐de-‐victimas-‐de-‐pedofilia-‐lamenta-‐la-‐sancion-‐tardia-‐y-‐secreta). Ver también el documento publicado el 1 de julio del 2010 por el New York Times que pone al descubierto la política del Vaticano de proteger a curas pederastas y no someterlos a la justicia, desmintiendo así las declaraciones de Benedicto XVI y otros jerarcas al respecto. (http://www.nytimes.com/2010/07/02/world/europe/02pope.html?pagewanted=5&_r=1&ref=romancatholicchurch).