SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Foro Feminista declaró que rechaza categóricamente la demanda judicial entablada por la iglesia católica contra la campaña de educación sexual desarrollada por Profamilia.
La coalición, que reúne a organizaciones que trabajar por los derechos de las mujeres, afirmó que con este acto “desesperado” la jerarquía eclesiástica pretende encubrir su intención de acallar las voces e ideas que promueven el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos que asisten a todos los seres humanos, y de manera particular, reprimir el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud, su vida, su cuerpo y su sexualidad.
Sostuvo que el derecho a contar con información científica y oportuna sobre salud sexual y salud reproductiva ha sido permanentemente obstaculizado por la iglesia católica.
“En esta ocasión la censura a la campaña sobre educación sexual de Profamilia es la excusa utilizada para ocultar sus verdaderos objetivos. Demandan el cese de una campaña que se propone la transformación de una cultura que institucionaliza la negación y restricción de derechos humanos que afecta con mayor fuerza a la población joven de este país, en especial a las niñas y adolescentes, quienes por su condición de género se ven más expuestas a la violación de sus derechos”, precisó.
Argumentó que el uso de esta estrategia es una clara evidencia de la influencia de la iglesia católica en las políticas públicas
Subrayó que en el 2012 hubo 175 muertes maternas, y aunque la meta propuesta en los Objetivos del Milenio y en la Estrategia Nacional de Desarrollo es reducir para el 2015 la mortalidad materna a 47 sobre 1000,000 nacidos vivos, no podrá cumplirse.
Indicó que el 19 % de las muertes maternas relacionadas al embarazo, el parto y el posparto en República Dominicana ocurre entre las adolescentes.
Agregó que el embarazo en adolescentes representa el 18 % de las causas del abandono de la escuela en jóvenes dominicanas de 14 a 17 años. El 18% de casos de SIDA del país lo protagoniza la población entre 15 y 24 años de edad con posibilidad de haber contraído el VIH en años previos.
“Frente a estos indicadores, cabe preguntarse: ¿cuál ha sido el papel de la iglesia para prevenir y erradicar estos flagelos sociales? Los hechos muestran que frente a la propagación del VIH y feminización de la epidemia, promueven la abstención sexual y prohíben el uso del condón, ante el embarazo en adolescentes, se oponen a la educación sexual en las escuelas, ante el embarazo no deseado, aún cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, se oponen a su interrupción; y ante los actos de agresión sexual contra niños y niñas, favorecen la impunidad y llaman al silencio”, argumentó.
“Y aún más, para nadie es desconocido los horrendos crímenes cometidos por sacerdotes de la iglesia católica contra niños y niñas en muchos países del mundo. En República Dominicana nos preguntamos ¿qué hizo esa misma iglesia que hoy demanda a Profamilia frente a los casos de pedofilia que involucraron a sacerdotes en Higüey, Bonao y Santiago? Esos niños y niñas todavía esperan justicia. Sin duda, la falta de educación sexual impartida por el Estado y por tanto basada en la ciencia, facilita los abusos de los pedófilos”, expuso el foro.
Sostuvo que recurrir a los tribunales es una estrategia que hasta ahora la iglesia católica no habíautilizado, lo que se explica porsu pérdida de credibilidad ante los escándalos que refieren graves actos de corrupción, inmoralidad y pedofilia no sancionada y que hasta provocó la renuncia de su máxima autoridad.
Asimismo, argumentó que el uso de esta estrategia es una clara evidencia de la influencia de la iglesia católica en las políticas públicas, en franca violación a la laicidad del Estado, que se expresa en el derecho a la libertad de conciencia, de culto y religión, consignado en la Constitución de la República en el marco del Estado democrático y de Derecho.
“Convencidas de que el propósito detrás de este acto de la iglesia católica es limitar cualquier avance en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, el Foro Feminista hace un llamado de alerta a la ciudadanía para que enfrente estas intenciones, exigiendo al Estado el cumplimiento de su obligación de garantizar a toda la población, condiciones para el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos”, precisó.
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