Santo Domingo, República Dominicana, 8 nov (EFE).- Defensoras de los derechos de la mujer en la República Dominicana afirmaron hoy que la despenalización del aborto en situaciones extremas "no puede esperar más".
Agrupadas en el Foro Feminista Magaly Pineda, las mujeres expresaron su rechazo a la propuesta del presidente de la Comisión de Justicia de los diputados, Henry Merán, de dejar fuera de la discusión de la reforma del Código Penal la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer corra peligro, el embarazo sea producto de violación o incesto, o el feto sea inviable.
A través de un comunicado, este movimiento invitó a las integrantes de esta comisión "a escuchar a la ciudadanía que reclama que se busquen soluciones a estas problemáticas sociales, que afectan especialmente a las mujeres que viven en condiciones más vulnerables".
A la vez, recordó que un estudio publicado en 2016 por la organización Profamilia indica que el 74 % de las estudiantes universitarias del país está de acuerdo con el aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, el 72 % lo aprueba por malformación incompatible con la vida y el 70 % si es producto de un incesto.
Datos de organizaciones locales defensoras de los derechos de la mujer afirman que en este país se producen cerca de 35.000 abortos al año, una cifra que podría ser mayor debido a que esta práctica se realiza clandestinamente.
"Las mujeres no podemos esperar otros 120 años a que nuestros derechos reproductivos sean reconocidos. Necesitamos un Código Penal moderno y progresista que proteja nuestra vida, nuestra salud y nuestra dignidad", afirmó la organización.
Sostuvo que la penalización absoluta de la interrupción del embarazo contribuye a que la República Dominicana "continúe presentando una de las tasas de mortalidad materna más altas de la región".
Para el 14 de octubre de este año, 153 mujeres habían fallecido por causas relacionadas con el embarazo, según datos del Foro Feminista Magaly Pineda, que precisó, además, que República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazos de niñas y adolescentes en la región.
"La sociedad dominicana merece un código que aporte al desarrollo social y al progreso en nuestro país, un grupo no puede seguir postergando el avance institucional", concluyó.
Las posturas divergentes de los diputados dominicanos sobre el aborto, un tema que divide a la sociedad en general, y en la anterior legislatura ordinaria, en julio, frustró la aprobación de un nuevo Código Penal que los legisladores llevan años discutiendo.
El Código Penal, considerado como el instrumento idóneo para enfrentar la delincuencia en el país, fue aprobado en 2014, pero ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente dominicano, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.
Según el Ministerio de Salud Pública del país, los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en República Dominicana.
Datos de organizaciones locales defensoras de los derechos de la mujer afirman que en este país se producen cerca de 35.000 abortos al año, una cifra que podría ser mayor debido a que esta práctica se realiza clandestinamente. EFE