SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La inversión pública en la Sectorial Vivienda ha disminuido significativamente, pasando de ser un 0.55 % del PIB en el 2008 a un 0.04 % del PIB en 2013, según datos suministrados durante la campaña “Casa Ya”, que promueve organizaciones del Foro Ciudadano.
Las entidades, motivadas por la brecha de más de dos millones de personas que carecen de vivienda, presentaron este martes al Congreso Nacional una propuesta de Ley orientada a los sectores empobrecidos del país, con diversas modalidades que garanticen el derecho constitucional de tener acceso a una vivienda.
Y es que a pesar de que diversos estudios colocan la vivienda como uno de los factores más determinantes de la pobreza, la inversión en el último período se ha centrado en el sector privado bajo la modalidad de fideicomiso, como el proyecto Ciudad Juan Bosch y San Rafael, mientras que la inversión pública disminuye.
“Es como si se pretendiera que esta modalidad de financiamiento de la vivienda sustituyera la política de Estado dirigida a los más pobres", aseveró Román Batista, vocero de la campaña Casa Ya y director de Ciudad Alternativa.
También subrayó que el 80 % de la población no puede acceder al fideicomiso por las condiciones puestas por el Estado.
El "Proyecto de Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos Empobrecidos" surge por la conciencia del grupo de que la vivienda se reconoce dentro de los Derechos Económicos y Sociales que establece la Constitución de la República Dominicana en el artículo 59.
“Los gobiernos que han transitado en nuestro país no reconocen la existencia de este derecho. La atención a la vivienda y el hábitat ha estado caracterizada por la implementación de programas puntuales caracterizados por el paternalismo político. En todo caso, la magnitud de estos proyectos no ha reducido el elevado déficit habitacional que arrastra nuestro país”, afirma Jenny Torres, miembro de la Mesa de Vivienda de Foro Ciudadano e integrante del equipo de coordinación de Ciudad Alternativa.
“El predominio de una gran dispersión institucional y falta de transparencia en fondos de proyectos de inversión en vivienda genera incertidumbre sobre el uso dado a los pocos recursos otorgados. Es por eso que este anteproyecto propone una nueva institucionalidad que supere el marco legal desfasado y disperso, y que brinde una atención integral con la rectoría del Estado, manteniendo el derecho a la vivienda fuera de las acciones mercantiles y clientelares que hasta ahora le ha caracterizado”, afirma Alfonsina Cuesta, vocera de la campaña y directora ejecutiva de la Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM).
En tal sentido, cuestionaron la voluntad del gobierno en superar el déficit con una inversión tan minúscula.
Concluido el encuentro en el Congreso, los integrantes de Casa Ya montaron una manifestación en la parte frontal del edificio.
Al lugar llegaron decenas de manifestantes con pancartas y vociferando consignas que reflejan el derecho a la vivienda y el hábitat como una necesidad de primer orden.