SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, calificó de alto nivel profesional la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), cuyo informe preliminar fue dado a conocer el pasado lunes.
“La presentación que yo vi por parte de esos técnicos, fue una presentación con alto nivel profesional de un rigor científico, que yo personalmente quedé impresionado”, expresó.
Los resultados preliminares de la encuesta fueron dados a conocer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Políticas públicas
En una entrevista realizada por Altagracia Salazar y Carolina Santana, en el programa Enfoque Matinal, difundido por CDN canal 37, destacó la importancia de la encuesta.
Explicó que esta permite conocer dónde trabaja la población inmigrante, cuál es la situación socioeconómica o educativa; ya que hay datos que reflejan toda esa realidad.
“Y por tanto, nos permite, al Estado, pues establecer políticas públicas con relación a esas personas”, puntualizó.
Flavio Darío Espinal sostuvo que el Gobierno no tiene porqué variar sus políticas respecto al tema de nacionalidad y migración, ya que “tenemos un marco jurídico que ha dado respuesta a esa problemática, desde el punto de vista de nacionalidad y desde el punto de vista migratorio”.
De manera que defendió esas normativas y las políticas que el Gobierno ha realizado en ese ámbito.
Plan Nacional de Regularización
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo se refirió a confusiones que han tenido personas entre los temas migratorios y de nacionalidad.
Explicó que el Plan Nacional de Regularización trata de regular el estatus de migrantes y que el tema de nacionalidad no está envuelto en eso. “Hay quienes piensan que a esas personas les va a tocar el derecho de nacionalidad de manera inmediata y no es el caso”.
Tomó como referencia la situación en otros países que tienen problemas migratorios, en los cuales se han creado planes de regularización.
“Pues, también en República Dominicana hemos hecho un plan de regularización como corresponde y estamos haciendo un gran esfuerzo”, sostuvo.
Señaló que es un gran esfuerzo porque la mayoría de la población migrante viene de un país con una seria precariedad en materia de documentación de sus nacionales.
Esfuerzo excepcional e integral
“Estamos viviendo momentos de grandes desafíos en materia migratoria”, al tiempo de señalar que “debemos establecer políticas definidas, claras en materia regularización; pero también de control del territorio, de la frontera”.
Agregó que los esfuerzos que ha hecho el Gobierno dominicano son excepcionales en materia de aumento de los equipos, del personal, tecnología para vigilar mejor la frontera; evitar, combatir o perseguir el contrabando, el tráfico de personas, etcétera.
“Es un esfuerzo integral que cubre la parte de dar respuesta a la población migrante, pero también protección del territorio de una manera cada vez más eficaz”, resaltó.
Garantizar los derechos de la mujer
Espinal se refirió a las observaciones realizadas por el presidente Danilo Medina sobre las tres causales de interrupción del embarazo en el Código Penal.
Afirmó que el jefe de Estado continúa firme con su decisión de la inclusión de las tres causales, la cuales garantizan los derechos de la mujer.
Reiteró que mediante estas causales sería viable la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro; cuando el embarazo fue producto de incesto o violación y cuando no se garantice la vida del bebé fuera del vientre materno.
Explicó que el Presidente ha observado la Ley en dos ocasiones. Destacó que en la segunda, no solo la observó sino que hizo una propuesta específica y hasta ahora no ha vuelto el Código Penal al Poder Ejecutivo.
Precisó que la propuesta alude a la “creación de un protocolo por parte de las autoridades de Salud Pública para que esto se circunscriba y se realice como mande la ley en esa materia”.
Puntualizó que el Gobernante se fundamenta en varios argumentos para abogar por la garantía de los derechos de la mujer, en los que destacó argumentos constitucionales como el derecho a la vida, entre otros.
Resaltó que no se trata de la liberación total en esto, sino crear esas causales que irían en beneficio de esas mujeres que se encontrarían en esas circunstancias.
Caso OMSA
También se refirió al caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), señalando que a través del Gobierno “no habrá ningún tipo de obstrucción o interferencia en la investigaciones que haga la Cámara de Cuentas o la Procuraduría General de la República”.
Aseguró que una vez establecidas las responsabilidades, es de esperar que la justicia se haga, así como las investigaciones lleven a establecer esas responsabilidades y que eventualmente los tribunales establezcan las condenas de lugar.