SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, aseguró que la carretera Santo Domingo- Samaná, operada bajo la modalidad de concesión por la empresa Autopistas del Nordeste, S. A., le costaría al pueblo dominicano más de 2 mil millones de dólares por concepto de la administración del peaje en los 30 años que durará el contrato de concesión.
Potentini calificó el acuerdo como la estafa del siglo. “Un contrato que ni las matemáticas más generosas pudieran explicar, lleno de cláusulas leoninas y lesivas al interés nacional el cual con apenas 5 años de operación ya le ha costado al pueblo dominicano el pago de 2 mil 272 millones de pesos en el 2014, mil 339.2 millones en el 2013; mil 838.2 millones en el 2012 y 2 mil 500 millones para el año 2015, totalizando 7 mil 949.5 millones de pesos, cantidad que hoy supera con creces la construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná”.
De acuerdo con Potentini, lo que resulta más perturbador del referido contrato denominado peaje sombra, es subsidiar la carretera por su bajo tránsito vehicular con el objeto de garantizar la rentabilidad de las metas financieras proyectadas por la empresa concesionaria, la autopista del nordeste.
Dijo que dichas proyecciones a todas luces desproporcionadas y dolosas, han posibilitado que al día de hoy el estado de los bolsillos del pueblo haya tenido que entregar casi ocho mil millones de pesos, con la agravante de que todavía faltan 25 años.
“A todo esto hay que sumarle lo que recauda la referida empresa de manera ordinaria por concepto de las operaciones diarias del peaje, lo que sumado al peaje sombra por los 30 años lo llevarían a superar en beneficios los 2 mil millones de dólares, todo sin control alguno, con precios abusivos establecidos a su discrecionalidad, sin el mantenimiento y las condiciones adecuadas para el transito seguro de los usuarios”, destacó.
Asimismo Potentini señaló que en los amarres, procedimiento de licitación y ejecución del contrato hasta la fecha, se han cometido muchas irregularidades y violaciones a la ley de presupuesto del estado e incluso a la ley 340-06 en los inicios de la concesión.
Finalmente la entidad de sociedad civil exigió al Ministerio de Obras Públicas, el intervenir las operaciones del peaje, procediendo por ante la justicia dominicana, utilizando todas las vías posibles de derecho, penal o civil.
Señaló que en este último caso demandando la nulidad del contrato y la restitución del dinero cobrado ilegalmente de las arcas del Estado, por la empresa Autopista del Nordeste, apartándose así de consentir por inercia u omisión un asalto en contra del pueblo dominicano.