SANTO DOMINGO, República Dominicana-La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía de Santo Domingo, informó que solicitará medida de coerción contra siete militares acusados de tráfico ilegal de armas de fuego.
Según la acusación, los militares aprovecharon sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, para importar de manera irregular 220 armas de fuego, con documentación adulterada para que aparentara una operación lícita.
El Ministerio Público dijo que tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego.
Los permisos se expedían especialmente para marcas costosas, como la Glock y la Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación para fines privados de todo tipo de armas de fuego, según consta en el decreto número 309-06.
Reveló que luego de varios allanamientos, se descubrió que siete militares eran los responsables de ingresar armas de manera ilícita al país.
El Ministerio Público dijo que tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego
Entre los militares acusados están Bienvenido Cordero Batista, Félix Francisco Pérez Artiles, Esteban Marrero Ruiz, Francisco Mercedes Medrano, Edwin Rafael Almonte Camacho, José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, en la mayoría de los casos con más de veinte años de carrera, además de Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de la armería donde eran vendidas.
Agregó que Bienvenido Cordero Batista, era el general de brigada paracaidista FARD, director general del Material Bélico, encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlos con su firma. Mientras que Félix Francisco Pérez Artiles, teniente coronel del ERD, encargado del depósito de las armas del Material Bélico, se ocupaba de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines.
Indicó que esteban Marrero Ruiz, mayor del ERD, según las investigaciones, era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía, tramitando todas las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para la expedición de las licencias de porte y tenencia, mientras Francisco Mercedes Medrano, capitán del ERD, era el encargado de archivo y confeccionaba las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico.
En tanto, que Edwin Rafael Almonte Camacho, 1er teniente del ERD, asistente del director general de la Intendencia del Material Bélico, se alega era quien supervisaba al personal de trabajo, y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación.
Así mismo, José Miguel Torres Rodríguez, 1er teniente de la Policía Nacional, era encargado de las Armas de fuego de la Policía que están en la Intendencia del Material Bélico, concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas.
Otro de los implicados es Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel del ERD, propietario de Armería Inversiones Heptágono, entidad comercial que se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
El Ministerio Público le ha asignado a los hechos indicados la Calificación Jurídica Provisional de violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano.