SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró complejo el caso de una supuesta red de lavado de activos encabezada por Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, que supera los cien millones de pesos.
El recurso de apelación fue interpuesto por la fiscal adjunta Wendy Lora, encargada del Departamento de Casos Mayores, quien realiza la investigación y consideró que el órgano persecutor necesitaba la declaratoria de complejidad.
“Por tratarse de un proceso que involucra un número determinado de personas, versa sobre una organización criminal dedicada al lavado de activos que dada la cantidad de allanamientos realizados en el curso de la investigación en los que se ha recuperado un gran número de datos y evidencias que aún están siendo procesadas por el Ministerio Público”, indica el recurso elevado por a Fiscalía y acogido por la Corte.
Según la Fiscalía, El Chino, su hermana Mónica Cordero y Juan José Tapia Pérez están acusados del lavado de más de 100 millones de pesos, de los que el Ministerio Público se ha incautado unos 15 bienes inmuebles tanto en el Distrito Nacional, como en la región Este.
Según el expediente, la hermana de El Chino posee una fortuna 50 millones de pesos en certificados financieros y otras propiedades, lo que despertó sospecha sobre posible lavado de riqueza proveniente del narcotráfico u otra actividad ilícita, ya que Cordero Martínez trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital Padre Billini.
“Nos encontramos en presencia de un caso de delincuencia organizada, lo que se desprende de la calificación dada a los hechos investigados, es decir asociación de malhechores y lavado de activos, sin que sea necesario identificar, en esta etapa, las funciones de cada uno de los encartados en lo que seria la organización criminal a la que ellos supuestamente pertenecen”, indica una de las motivaciones de la Primera Sala Penal.
La desición se tomó en Cámara de Consejo, por los jueces que integran la primera Sala de la Corte, Julio César Cano Alfau, Katia Miguelina Jiménez, Manuel Hernández, Francisco Ortega y Antonio Sánchez.
Hasta el momento, la Fiscalía cuenta con la tasación de uno de los bienes inmuebles incautados y se pudo determinar que una residencia está valorada en 30 millones de pesos, según las investigaciones.
Ante esta decisión, se amplían los plazos y ahora la Fiscalía tiene cinco meses para presentar la acusación ante el Tercer Juzgado de la Instrucción, que preside la jueza Elka Reyes.