SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fiscalía del Distrito Nacional reabrió este viernes las investigaciones para determinar los responsables de la desaparición forzosa del profesor universitario Narciso González, ocurrida el 26 de mayo de 1994.
A 19 años de su desaparición física y después de una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso se reunió con el bogado de la familia del catedrático universitario para reiniciar las investigaciones.
La información fue confirmada por Tomás Castro, quien junto a la viuda de Narcisazo Altagracia Ramírez, acudió por ante el despacho de Reynoso quien les pidió colaboración ante el reinicio de este nuevo proceso.
“Y dejar establecido un protocolo para empezar la investigaciones y para saber de dónde iba a partir, nos pidió colaboración en cuanto a los datos y conocimientos que poseemos y ya a partir de la próxima semana pues algo se comenzará a hacer”, indicó Castro.
Sostuvo que la próxima semana serán convocados nuevamente para aportar datos y solicitar diligencias como actores civiles en este nuevo proceso de investigación que reinicia bajo la sombra de un nuevo Código Procesal Penal y un cambio en las políticas y administración gubernamental.
“Pusimos la querella en el año 1995, a un año de la desaparición de Narciso, la pusimos contra Joaquín Balaguer, Guaroa Liranzo, Rojas Tabar, De los Santos, Constantino Matos Villanueva, entre otros”, indicó Tomás Castro al ser cuestionado sobre los orígenes del proceso y los presuntos autores materiales e intelectuales a su juicio.
La condena internacional
En abril del año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a unanimidad, condenó al Estado dominicano por la desaparición forzada del catedrático, periodista y activista cultural Narciso González, ocurrida el 26 de mayo de 1994, al calor de un proceso electoral lleno de irregularidades.
En al sentencia, la Corte Interamericana calificó al Estado Dominicano como “responsable” de la desaparición forzada del profesor en franca violación a su derecho a la vida, integridad personal y a la libertad.
Como indemnización, la corte codnenó al estado dominicano al pago de 450 mil dólares a la familia gonzález, así como los costos legales en que ha incurrido la familia que al momento ascienden a 32,200 dólares.
Con respecto a este punto, Tomás Castro afirmó que el Estado Dominicano a un año y cuatro meses de la condena internacional, el Estado dominicano tampoco ha indemnizado a la familia González por los daños causados.
“Al día de hoy no han hecho nada con eso, eso lo debe pagar el estado porque eso es una Deuda Pública, fue condenado en abril del 2012 ”, explicó Castro.