SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La fiscal Mirna Ortiz restó importancia probatoria al discurso de clausura de la defensa de Ángel Rondón Rijo, imputado en el juicio Odebrecth y quien en el día de ayer afirmó que el Ministerio Público no ha presentado pruebas que lo incriminen en los sobornos pagados por la multinacional brasileña.
Ortiz destacó que Odebrecht afirmó, y así quedó asentado en el acuerdo de lenidad como en las declaraciones de los testigos, que “esos pagos se realizaron a través de empresas offshore por el Departamento de Operaciones Estructuradas, departamento que dijo fue creado para el pago de sobornos en Odebrecht a empresas del imputado Ángel Rondón Rijo y que así quedó acreditado en el tribunal”.
Sostuvo que, aunque utilizaron el sistema bancario, todas las transacciones salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas creado por Odebrecht exclusivamente para el pago de sobornos.
En ese contexto, explicó que hicieron contratos ficticios para darles algún viso de transparencia y poder realizar transacciones bancarias.
“Pero todas las transacciones salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas, departamento creado, exclusivamente, para el pago de sobornos”, dijo la también coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La fiscal se pronunció en esos términos a la salida del tribunal, luego de que las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaran el juicio para el próximo lunes 2 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.
En la jornada de ayer jueves, la defensa técnica de Rondón Rijo, quien se desempeñó como representante empresarial de Odebrecht en República Dominicana, presentó sus alegatos de clausura sobre la acusación por los sobornos presentada por la Pepca.
Mientras que en su discurso de clausura del pasado martes, la Pepca mostró las pruebas para sustentar que Rondón Rijo se enriqueció de manera ilícita, producto de sus actividades con la empresa brasileña y pidió que el imputado fuera condenado a 10 años de prisión.