SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) denunció que el sistema político dominicano desprecia y castiga a la justicia independiente, y no tiene interés en que se investigue y juzguen la corrupción y el tráfico de influencias, pese al daño que esa realidad le hace a la imagen internacional de la República Dominicana.
"El país ve con asombro los alarmantes casos de corrupción en el seno del Estado que involucran a poderosos que se enriquecen violando las leyes o gozando de privilegios irritantes. Parecería que como nación somos indiferentes a la disminución de nuestra imagen internacional que producen estos hechos, independientemente que sean reportados por el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, o en el Diagnóstico sobre Competitividad Global que realiza el Foro Económico Mundial", advierte.
En un comunicado emitido con motivo del Día del Poder Judicial, la FINJUS sostiene que el sistema político dominicano no quiere que ningún órgano público investigue y juzgue las constantes violaciones a las leyes y la constitución en áreas vitales como la transparencia en las compras y contrataciones.
Asimismo, sostiene que el sistema político tampoco tiene interés en que se investigue y juzgue el uso de los recursos financieros del Estado; el tráfico de influencias para ganar adeptos y votos; el uso de mecanismos ilegales para favorecer la firma de contratos leoninos.
De igual manera, para los actores del sistema político no es motivo de preocupación, según FINJUS, “la dejación de las funciones públicas para beneficiar a sectores específicos; el encubrimiento y la dejadez para perseguir delitos flagrantes y la inacción ante las conclusiones de investigaciones oficiales de los órganos de control que comprometen la responsabilidad penal y civil de funcionarios o individuos”.
Para la entidad es preocupante que las debilidades, incoherencias e ineficiencias que se han diagnosticado en el servicio de justicia nacional no dejen de crecer.
A continuación el comunicado de la FINJUS, con motivo de celebrarse este 7 de enero el Día del Poder Judicial
En 2017 se cumplen 20 años del inicio del proceso de reformas que tuvo como resultado la estructuración actual del Poder Judicial y la superación formal de las manifestaciones arcaicas de subordinación de la judicatura a otros poderes del Estado.
Es historia conocida el conjunto de cambios que se sucedieron tras la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura y la selección de la Suprema Corte de Justicia, la adopción de la Ley de Carrera Judicial y la formación de la Escuela Nacional de la Judicatura.
A estas medidas le siguieron los cambios introducidos en la reforma constitucional del 2010 tanto en el Poder Judicial como en los demás órganos que conforman el complejo sistema de justicia dominicano.
"Lo que distingue a los países desarrollados, en contraposición a lo que ocurre en nuestro medio, es que en esos países existe el imperio de la ley y nadie puede situarse por encima de los órganos judiciales ni escapar de su escrutinio; que el debido proceso de ley es un derecho fundamental que gozan todos los ciudadanos y que existe un sistema de consecuencias que funciona y que es respetado por todos los sectores"
2017 será una nueva oportunidad para reevaluar esos cambios; pasar balance sobre los beneficios que dichas reformas trajeron al país y sobre todo analizar si, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico y sistema democrático, el sistema de justicia y en especial el Poder Judicial, han cumplido con su mandato constitucional y con las expectativas sociales que ha generado la cuantiosa inversión realizada en su seno.
Estas ideas tienen mayor validez en ocasión de celebrarse hoy el Día del Poder Judicial, que nuevamente representa una oportunidad para que FINJUS comparta con la sociedad sus reflexiones sobre la crisis que persiste en ese importante Poder del Estado, lo que ocurre en igual o mayor magnitud en otros órganos o instancias del sistema de justicia.
Las debilidades, incoherencias e ineficiencias que se han diagnosticado en el servicio de justicia nacional no dejan de crecer. Así lo confirman los numerosos diagnósticos que se han realizado en el último año, y esa triste realidad se reflejó de manera dramática en las conclusiones de la Cumbre Judicial Nacional de octubre pasado y en los resultados de los estudios de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, lo mismo que en los constantes informes que registran los medios de comunicación social sobre acciones y prácticas que tienen lugar en los órganos de este sistema.
Todo lo anterior podría explicarse en el marco de un sistema político que desprecia y castiga a la justicia independiente; que no tiene interés en que ningún órgano público investigue y juzgue las constantes violaciones a las leyes y la constitución en áreas vitales como la transparencia en las compras y contrataciones; el uso de los recursos financieros del Estado; el tráfico de influencias para ganar adeptos y votos; el uso de mecanismos ilegales para favorecer la firma de contratos leoninos; la dejación de las funciones públicas para beneficiar a sectores específicos; el encubrimiento y la dejadez para perseguir delitos flagrantes y la inacción ante las conclusiones de investigaciones oficiales de los órganos de control que comprometen la responsabilidad penal y civil de funcionarios o individuos ligados a partidos políticos.
Este es el telón de fondo del incumplimiento de la Ley de Autonomía Financiera y Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público y las constantes denuncias de magistrados de diferentes jurisdicciones y departamentos judiciales sobre las precarias condiciones en que se desenvuelve el servicio de justicia.
El acoso y vulneración a los órganos del sistema de justicia no es exclusivo de nuestro país. En otras latitudes se denuncian las injerencias políticas en sus decisiones; se alerta contra la infiltración del crimen organizado en sus estructuras y se condena permanentemente que sectores sociales y económicos conspiren contra su independencia.
Lo que distingue a los países desarrollados, en contraposición a lo que ocurre en nuestro medio, es que en esos países existe el imperio de la ley y nadie puede situarse por encima de los órganos judiciales ni escapar de su escrutinio; que el debido proceso de ley es un derecho fundamental que gozan todos los ciudadanos y que existe un sistema de consecuencias que funciona y que es respetado por todos los sectores.
Asumir todo lo anterior es fundamental para evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de justicia ante los dos problemas fundamentales que la sociedad percibe hoy como las prioridades a enfrentar: el deterioro de la seguridad ciudadana y el imperio de la impunidad frente a la corrupción.
El país ve con asombro los alarmantes casos de corrupción en el seno del Estado que involucran a poderosos que se enriquecen violando las leyes o gozando de privilegios irritantes. Parecería que como nación somos indiferentes a la disminución de nuestra imagen internacional que producen estos hechos, independientemente que sean reportados por el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, o en el Diagnóstico sobre Competitividad Global que realiza el Foro Económico Mundial. No nos damos cuenta que el deterioro en estas dos áreas tendrá gravísimas consecuencias para la seguridad jurídica y el clima de inversiones en el país en el futuro inmediato.
Por esto, en este 7 de enero, FINJUS reitera que la tarea inmediata del Poder Judicial y el sistema de justicia en su conjunto es ponerse a la altura de las demandas de la sociedad y responder a los reclamos de que se levante el manto de impunidad que arropa la corrupción y la inseguridad. La sociedad sabe que detrás de cada crimen, asalto, banda de delincuentes o mafia que sustrae los recursos del pueblo para su educación, salud y bienestar, se encuentra la falta de acción de un órgano del Estado que se resiste a aplicar la ley (caso del tema del transporte público); que encubre a los delincuentes (caso de las bandas de asaltantes); que acepta sobornos para firmar contratos jugosos con empresas internacionales o que delega sus funciones en negocios particulares (como se ha mostrado con la venta de terrenos del Estado).
Nos preocupa que los órganos rectores del sistema de justicia no hayan dado muestras de independencia y voluntad para enfrentar lascrisisinternas que corroen lacredibilidad y confianza de la ciudadanía en sus acciones, de forma que situaciones como las develadas a fines del 2015no se conviertan en casos esporádicos y puntuales.
El fortalecimiento del Poder Judicial y del sistema de justicia en su conjunto es imprescindible para consolidar el desarrollo económico y social. Tenemos la esperanza de que las conclusiones de la Cumbre Judicial Dominicana se conviertan en acciones concretas que ayuden a mejorar no solo la imagen sino el acceso de la población al servicio de justicia, así como la eficiencia en sus funciones y calidad de sus decisiones. 2017 es una nueva oportunidad para que la independencia judicial y el compromiso de los integrantes de todos los órganos del sistema de justicia sean herramientas para convertir a la República Dominicana en un país más seguro, próspero y justo.
7 de enero, 2017