SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que sería un grave atentado contra la democracia declarar inconstitucional la Ley 169-14.
Recordó que varios medios de comunicación han informado que el Tribunal Constitucional se apresta a aprobar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.
“Para quienes estamos identificados con la tarea de consolidar nuestro régimen democrático, garantizar los derechos fundamentales de las personas y fortalecer los mecanismos para que la institucionalidad democrática descanse sobre normas, procedimientos y principios compartidos, resulta extremadamente preocupante escuchar que se están dando pasos en la dirección opuesta de la historia”, sostuvo la FINJUS.
En un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, la FINJUS recuerda que es altamente conocido que la Ley 169-14 fue adoptada en el Congreso Nacional en medio de una aguda coyuntura nacional tras la sentencia 168/13, que colocó la discusión sobre esta problemática en un escenario confuso e incapaz de producir la comprensión de su naturaleza y de sus vías de solución.
“Era tal la exacerbación de los ánimos que desde el momento de su promulgación, algunos sectores levantaron el argumento de su inconstitucionalidad. Sin embargo, nadie osó desafiar el consenso político y social en que se ha sustentado”
Explica que la Ley 169-14 fue adoptada como resultado de un amplio consenso político y social, procurando paliar la aguda polarización provocada en la sociedad dominicana sobre la naturalización de inmigrantes y su estatuto legal.
“Era tal la exacerbación de los ánimos que desde el momento de su promulgación, algunos sectores levantaron el argumento de su inconstitucionalidad. Sin embargo, nadie osó desafiar el consenso político y social en que se ha sustentado”, precisa.
Dijo que pese a todos los inconvenientes, obstáculos, desafíos y desafecciones que giran alrededor de esta Ley, la misma ha comenzado a dar frutos en la dirección esperada.
Resaltó que una prueba de los buenos resultados de esa legislación que en la República Dominicana salió de la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Capítulo IV.B del Informe de este órgano sobre negación de nacionalidad y de derechos políticos.
Explicó que para tomar esa decisión en la CIDH se valoró el cambio del tono y la actitud que han adoptado el Estado dominicano y diversas instituciones en el país en torno al tema, lo que se traduce en un paso de avance sobre el cual no podemos retroceder.
La FINJUS expuso que a raíz de la socialización de la Ley No. 169-14 y de las notorias medidas que se han venido tomando respecto al tema, el país ha instalado una Mesa de Diálogo con las autoridades dominicanas y los grupos que se vieron afectados en el pasado por la Sentencia 168/13.
Detalló que gracias a esto, la CIDH decidió resaltar esta voluntad política y colocar al país en una categoría en materia de derechos que fortalece sobremanera la institucionalidad y la seguridad jurídica.
“En este sentido nos sorprende que luego de conocerse esta importante decisión, se esté ventilando en la opinión pública que en breve el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional la Ley 169-14, lo que a nuestro juicio pone en entredicho su carácter de órgano político creado por la Constitución para proteger los derechos fundamentales, la democracia y fortalecer la institucionalidad”, precisó la FINJUS.
Expresó que una sentencia como la que tomaría el TC para declarar inconstitucional la Ley 169-14 supondría un daño irreparable al consenso social y político que se ha fraguado para garantizar una solución adecuada a un problema histórico que se ha agravado década tras década como consecuencia de las debilidades y deficiencias de las instituciones.
La entidad advirtió una sentencia como la que se anuncia representaría un golpe a la gobernabilidad y la estabilidad democrática, ya que pretendería erigir al TC como el centro de las decisiones políticas e institucionales y no como el árbitro y garante en nuestra democracia, al margen de las decisiones adoptadas de manera legítima por poderes públicos y en el marco de una estricta legalidad.
“Entendemos que al calor de la polarización lamentablemente creada y haciéndose eco de un falso sentido de inminente peligro social y político de nuestro orden constitucional, algunos miembros del TC se apresten a recorrer una senda que de antemano advertimos está plagada de graves riesgos para la institucionalidad democrática. Adoptar una decisión como la que se anuncia abriría las puertas para que el Congreso Nacional ponga en ejercicio sus funciones de control político de los actos de las instituciones, lo que abre incluso la posibilidad de un juicio político a sus miembros. Este sería el peor de los escenarios que necesita nuestro país para resolver un desaguisado tan horrible como inoportuno”, precisó.
Exhortó a la ciudadanía y sus organizaciones representativas a dar estricto seguimiento a esta “lúgubre perspectiva” que se abre en el panorama institucional de la República Dominicana.