SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) reclamó que el Poder Ejecutivo respete la ley que consagra la autonomía presupuestaria del Poder Ejecutivo.
El vicepresidente ejcutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños, resaltó que la propuesta de Presupuesto Nacional de 2015 que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, de nuevo ignora el mandato de la Ley 194-04 que consagra la autonomía financiera y presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público.
A juicio de la FINJUS, el acceso a una justicia de calidad, eficiente y apegada al debido proceso es reconocido como un derecho fundamental en la Constitución, para beneficio de todos los habitantes de la República.
“Modernamente se reconoce en las mejores tradiciones jurídicas y en la jurisprudenciainternacional que es una obligación de todo Estado gestionar los recursos y medios necesarios para que los diferentes actores o agentes involucrados en el sistema de justicia tengan la posibilidad de realizar sus derechos y deberes constitucionales, salvaguardar sus intereses y hacer que se respeten las premisas básicas sobre las que descansa nuestro Estado de derecho”, precisó.
Advirtió que sin la dotación de los recursos adecuados el sistema de justicia corre el riesgo de sufrir un colapso funcional de impredecibles consecuencias, que colocaría en peligro la seguridad jurídica que sustenta nuestra economía y haría más precaria la deteriorada seguridad ciudadana.
“De acuerdo con la ley, al Poder Judicial le corresponde un 2.6% de dicho monto. No obstante, el presupuesto aprobado desde 2010 no ha superado el 1.28%. En cuanto a la Procuraduría General de la República, le toca un 1.44%, del que sólo se le ha aprobado un 0.83%, 0.87% y 1.32% en los últimos tres años"
Dijo que en el centro del debate está el hecho de que históricamenteel Estado dominicano ha incumplido con las leyes que establecen la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público. En efecto, la Ley No. 194-04, en su artículo 3, determina que deberá concederse al Poder Judicial y al Ministerio Público por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.
“De acuerdo con la ley, al Poder Judicial le corresponde un 2.6% de dicho monto. No obstante, el presupuesto aprobado desde 2010 no ha superado el 1.28%. En cuanto a la Procuraduría General de la República, le toca un 1.44%, del que sólo se le ha aprobado un 0.83%, 0.87% y 1.32% en los últimos tres años. De allí se derivan una serie de consecuencias graves para todo el aparato judicial: condiciones laborales precarias, falta de recursos humanos y materiales, escasez de tribunales, mora judicial y congestionamiento del sistema, deficiencias en la capacitación de los jueces y fiscales, entre otras”, subrayó FINJUS.
Sostuvo que estas circunstancias trascienden el ámbito meramente judicial y atentan gravemente contra los derechos de los usuarios del sistema de justicia, principalmente en la rama penal.
Advirtió que esas violaciones afectan el derecho de defensa y el acceso a la justicia, prolongándose indebida e injustificadamente los procesos penales.
Agregó que la gravedad aumenta cuando el procesado se encuentra guardando prisión preventiva, tomando en consideración que un alto número de recintos carcelarios continúa funcionando bajo el viejo modelo de gestión penitenciaria, caracterizado por las condiciones inhumanas y degradantes en que allí se habita.