SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) indicó que el Poder Ejecutivo debe ser coherente con la objeción del Código Penal y con los planteamientos realizados en el 2014 sobre la tipificación penal de la interrupción del embarazo.
La entidad indicó este lunes que la aprobación del Código Penal en el Senado de la República y su posterior remisión al Poder Ejecutivo vuelve a plantear a la sociedad dominicana la discusión de una serie de temas jurídicos de alto contenido social, aprobando un proyecto de Código Penal que no toma en consideración los válidos argumentos del Ejecutivo y los justos reclamos discusión plural de amplios sectores sociales.
"La normativa remitida por el Senado al Poder Ejecutivo no responde al trato digno que el Estado Dominicano debe otorgar a sus mujeres en estas situaciones de vulnerabilidad", manifestó.
Sostuvo que esta pieza legislativa nos coloca como uno de los 5 países en el mundo donde se criminaliza la interrupción del embarazo en todas sus modalidades.
Consideró necesario una apertura al diálogo más amplia y que al mismo tiempo no deje de lado las legítimas aspiraciones de sectores sociales que forman parte de éste y otros procesos de reforma a normativas.