SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus), solicitó al Consejo del Poder Judicial asumir el “compromiso de trabajar por la justicia”, tomando acciones legales para hacer respetar Ley 194-04, sobre autonomía presupuestaria y administrativa del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas de la República.
En ese orden, a través de una carta abierta firmada por Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, pidió al organismo reclamar la correcta aplicación de la normativa, como manifestación de su compromiso con la efectiva realización del derecho fundamental al acceso al servicio de justicia que tiene toda la sociedad dominicana.
Señaló que pese a la expresión de voluntad del Poder Judicial a través de la Cumbre Judicial, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2017 excluyendo nuevamente el monto total que presentó el Poder Judicial conforme al mandato constitucional de autonomía presupuestaria.
Manifestó que en este contexto, los magistrados de todo el país, a través de un comunicado de prensa, han expresado que esperan que el Consejo del Poder Judicial emprenda las acciones legales que se comprometió a realizar en la recién pasada Cumbre Judicial.
“Consideramos que ante el conflicto de competencia creado por la negativa del Poder Ejecutivo de cumplir con el mandato de la Ley le corresponde al Consejo del Poder Judicial exponer ante el Tribunal Constitucional las razones jurídicas en que se fundamenta el conflicto, tal como lo establece el artículo 60 de la Ley No. 137-11”, indicó la entidad.
A continuación, la carta de Finjus:
FINJUS REITERA IMPORTANCIA DE QUE EL PODER JUDICIAL REALICE ACCIONES LEGALES PARA HACER RESPETAR LEY DE AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA
A lo largo de su trayectoria, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha mostrado su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad de los poderes públicos. Siempre hemos considerado que uno de los mayores retos pendientes de nuestro régimen democrático lo constituye el cabal apego a la Constitución y las leyes de parte de los distintos órganos públicos, en especial cuando de ello depende el correcto funcionamiento de estos poderes, su autonomía y cumplimiento de sus responsabilidades ante la Nación. Tal es el caso del Poder Judicial y en sentido general, de las instituciones del sistema de justicia.
La recién celebrada Cumbre Judicial Nacional conoció a fondo la situación por la que atraviesa el Poder Judicial, y concluyó que uno de los factores claves para revertir algunos de sus problemas principales lo constituye la falta de cumplimiento de su Ley de Autonomía Presupuestaria. La comprensión de este fenómeno ha traspasado los marcos del sistema de justicia, por lo que diversos sectores e instituciones sociales, tanto locales como internacionales, han manifestado su apoyo a la solicitud para que el Poder Judicial sea dotado de un presupuesto adecuado para el cumplimiento de sus obligaciones.
La Cumbre Judicial acordó emprender una serie de acciones dirigidas a enmendar esta lamentable situación. En ese sentido se asumieron un conjunto de compromisos que no pueden quedarse como postulados abstractos o simples enunciados. Por ello, recomendamos al Consejo del Poder Judicial, que en virtud de lo acordado, emprenda las acciones legales necesarias para que se cumpla con la asignación del 2.66% del Presupuesto Nacional al Poder Judicial, establecido en la Ley No. 194-04.
Es al Consejo del Poder Judicial, como su legítimo órgano de gobierno, a quien le corresponde iniciar y dirigir todas las iniciativas que conduzcan a superar esta situación que vulnera la independencia y autonomía del Poder Judicial. La base de su acción no es otra que el reconocimiento de que la negación de entregar el presupuesto que obliga la Ley representa una intromisión en la vida institucional del Poder Judicial, una transgresión del principio de separación de las funciones supremas del estado, y a los principios y valores de Estado Social y democrático de Derecho.
Pese a la expresión de voluntad del Poder Judicial a través de la Cumbre Judicial, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2017 excluyendo nuevamente el monto total que presentó el Poder Judicial conforme al mandato constitucional de autonomía presupuestaria.
En este contexto, magistrados de todo el país, a través de un comunicado de prensa, han expresado que esperan que el Consejo del Poder Judicial emprenda las acciones legales que se comprometió a realizar en la recién pasada Cumbre Judicial.
En atención a las consideraciones previas, consideramos que ante el conflicto de competencia creado por la negativa del Poder Ejecutivo de cumplir con el mandato de la Ley le corresponde al Consejo del Poder Judicial exponer ante el Tribunal Constitucional las razones jurídicas en que se fundamenta el conflicto, tal como lo establece el artículo 60 de la Ley No. 137-11. Es menester indicar que la relevancia de las controversias constitucionales entre los poderes públicos tiene importancia sustantiva para la organización del Estado y sobre el ordenamiento jurídico dominicano, de cara al futuro.
El Consejo del Poder Judicial debe asumir el compromiso de trabajar por la justicia, reclamando el cumplimiento de la norma constitucional y legal. Alentamos a los magistrados del Poder Judicial y a los servidores judiciales en todo el país, a expresar por todas las vías legales su demanda de la correcta aplicación de la Ley 194-04, como manifestación de su compromiso con la efectiva realización del derecho fundamental al acceso al servicio de justicia que tiene toda la sociedad dominicana.
Servio Tulio Castaños G.
15 de noviembre del 2016.