SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS),  llamó a procurar la prudencia y la transparencia en el uso de los fondos destinados al Estado de Emergencia, aprobado hoy por el Congreso Nacional.

Finjus entiende que los fondos destinados a superar la actual crisis desde el Estado de Emergencia –y sin obviar la vigencia de un proceso electoral en curso– deben ser auditados constantemente por las instituciones encargadas constitucionalmente para ello, así como también es responsabilidad de la sociedad civil mantenerse vigilante en aras de evitar el desvío o utilización de estos recursos para fines contrarios a los que amerita el presente escenario.

Lea íntegra la declaración de FINJUS:

En el marco de la coyuntura actual, la protección de los derechos fundamentales y la racionalidad han de ser los valores de mayor preponderancia en el funcionamiento del Estado dominicano. El país y el mundo se encuentran en una situación de crisis y, a la medida de esta circunstancia excepcional, desde el Poder Ejecutivo se ha solicitado el establecimiento del Estado de Emergencia Nacional, conforme los presupuestos constitucionales que rigen la materia.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), no se encuentra ajena a este grave acontecimiento global, por lo que solicita a los poderes públicos la mayor prudencia y transparencia en momentos críticos para el Estado social y democrático de derecho. Además, la nación se encuentra en medio de un proceso electoral muy complejo y único en la historia, por lo que el uso de los fondos públicos debe ser transparentado a la ciudadanía.

Tal como se establece en legislaciones de países como España o Chile, los funcionarios y las autoridades del Estado, deben ser responsables por los abusos y extralimitaciones que cometan en el ejercicio de las facultades y en la aplicación de las medidas que tomen durante los Estados de Excepción.

De igual modo, se requiere que la Comisión Bicameral que está siendo confirmada por miembros de ambas cámaras del Congreso Nacional, dé seguimiento oportuno al contenido de la resolución que declara el Estado de Emergencia. Asimismo, la referida comisión debe estar atenta y vigilante a que cada una de las medidas que habrán de ser tomadas sean legalmente consecuentes y óptimas frente a la situación y puedan ser eficientes para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Lo anteriormente expuesto implica garantizar que se eviten las extralimitaciones propias de cualquier Estado de Derecho y sus instituciones bajo condiciones fuera de lo ordinario. Así también se garantiza una visión clara de protección de los derechos fundamentales y su ejercicio en cualquier circunstancia.

Los fondos destinados a superar la actual crisis desde el Estado de Emergencia –y sin obviar la vigencia de un proceso electoral en curso– deben ser auditados constantemente por las instituciones encargadas constitucionalmente para ello, así como también es responsabilidad de la sociedad civil mantenerse vigilante en aras de evitar el desvío o utilización de estos recursos para fines contrarios a los que amerita el presente escenario.

Debe saberse que habrá procedimientos, como aquellos que resultan de las compras y contrataciones públicas, los cuales podrían ser abreviados y realizados de una manera más expedita. Sin embargo, en aras de salvaguardar lo más posible la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica, solicitamos a los poderes públicos que actúen acorde a estos acontecimientos pero apegados al imperio de la ley y la transparencia absoluta.

Desde FINJUS, confiamos en que los poderes públicos concentrarán sus esfuerzos en proteger el derecho a la vida y a la salud, así como también a utilizar las medidas excepcionales que se han dispuesto estrictamente para hacer frente a la crisis actual. En estos momentos críticos, el correcto uso de los recursos públicos propios de este Estado de Excepción, puede evitar que surjan en el futuro inconsistencias en el sistema social y económico del país, fortaleciendo así la institucionalidad democrática.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

19 de marzo de 2020