Santo Domingo, República Dominicana.-LaFundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llamó a las autoridades a analizar con profundidad las causas de la violencia y diseñar políticas efectivas para prevenirla, a propósito de la desaparición de la niña, Yaneisy Rodríguez, quién luego de varios días fue encontrada en un vertedero con signos de violencia. 

La sociedad dominicana ha quedado hondamente conmovida por el rapto, violación y asesinato de una niña de 4 años en la ciudad deSantiago.Es un crimen execrableque ha encendido nuevamente las alarmas sociales ante la barbarie y la degradación moral que implica.

Un hecho de esa naturaleza impacta hondamente en la opinión pública y revive discusiones acerca de la efectividad de las leyes, la eficacia de las instituciones del sistema de justicia penal yen general sobre las causas de estos aborrecibles fenómenos.

Al mismo tiempo la alarma y el estupor se agravan cuando se informa que entre los autores materiales se encuentran uno o más adolescentes. Se produce, de inmediato, un recrudecimiento del debate sobre elsistema de justicia juvenil,y se enfoca de maneraespecíficaenla necesidad de que se modifique laLey No. 136-03 de protección de niños, niñas y adolescentespara aumentar el tope de la pena correspondiente,en la creencia de que esta modificación legal contribuirá a la reducción oeliminaciónde estos crímenes.

Ciertamente, hechos tan gravosos quelaceran la conciencia de la sociedad y que además tienen el agravante de ser ejecutados pormenores de edad, provocanel ataque frontal alaactualregulación de la responsabilidad penal de los adolescentes.

La primera respuesta de la sociedad es reclamar un enfoque punitivo y represivo para resolver este tipo de problemas, tanto en los jóvenes como en la sociedad en general.Sin embargo, existe suficiente evidencia y documentación que señala que las estrategias represivas y punitivas, han mostrado limitados resultados no sólo en la región sino en la mayoría delospaíses del mundo, debido a queesas medidas no están dirigidas a las causas delfenómenosinoque buscandisminuir los indicadores de violencia y delincuencia de manera sostenida.

Como se ha señalado reiteradamente estos planteamientosenglobanun conjunto deargumentospopulistasque terminan recomendando elaumento de la penacomoel camino eficaz para la reducción de estas actuaciones antijurídicas. 

Se apoyan asimismo en una ciertapercepción social queplantea que estos hechos se producen al amparo de la“protección”que reciben losmenores que entran en conflicto con la ley penaly por ello proponen queel margen de condena, queno alcanza siquiera a los 10 años de reclusión, sea elevado. En su valoración de estas medidas descartancualquieresfuerzode establecer parámetrosmadurativos opsicológicos, en el entendido de que a estos adolescentes no se les debe dar ningún tipo de tratamiento diferenciado en función de su edad.

En su visión buscan desechar criterios y preceptos asentados en la doctrina y jurisprudencia internacional,comoel interés superior del niño y sus garantías procesales,de cara a lo que en la doctrina se ha conocido como el “obrar con discernimiento”.Descartanla necesidaddeuna valoración de la maduración neuropsicológica quepermita determinar si la persona ha actuado con suficientemadurez volitiva y conductualpara presuponer que ese adolescente esresponsableabsolutode sus actosy por ende, consciente del mal que causa.

Consideramos que no puede abordarse el problema de la violencia juvenil únicamente desde la responsabilidad penal, pues se olvida que esta problemática es un fenómenomulticausal ycomplejo,que requiere de programas adecuados de política criminal, destinados amejorarla prevención y reinserciónde los infractores, por lo cual se debe debatir respecto a temas centrales como mayor inversión en el sector social con énfasis en sistemas de protección integral a la niñez y adolescencia. 

En ese sentido, entendemos que este es un tema de una complejidad especial que no puede responderse de maneraapresuradamediante la clásica fórmula del aumento de la pena como método disuasivo,especialmente en el marco deun sistema penal que debeprivilegiar la reinserción social como su objetivo supremo.

El fenómeno de la delincuencia juvenil amerita una ponderación amplia de los múltiples factores que circundan la ocurrencia del mismo, dentro de estos: la intervención social en lo referente a los altos grados de exclusión que rodeanalos menores que incurren en ilícito penal, así tambiénlos criterios devulnerabilidad, de descomposición familiar, entre otros. 

Los altos niveles delictivos que se registran en la poblaciónadolescente yjuvenil requieren una revisión de todo el sistema penal, especialmente lo relativo a la prevención.

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS),promovemos unabordaje integralde este fenómeno, como una opción más adecuada quelapolítica criminalbasadaúnicamenteen el aumento de la pena. Estos lamentables hechos deben estimular a las autoridades y la sociedad a continuaren el estudio de las causas que generanestas desviaciones y promover el diseño depolíticas públicas efectivas de prevención de la delincuenciay la violencia en el país.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

12 de enero de 2020