La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) presentó este domingo un balance del 2021 en materia de institucionalidad y el sistema de justicia, en el que destacó el papel del Ministerio Público para ejercer sus atribuciones, "con un marcado criterio de imparcialidad que prioriza la objetividad, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas, en el marco de la persecución del delito".
En el transcurso del año, puntualiza, en el Ministerio Público se ha observado su enfoque de cumplir con su misión de defender el interés público tutelado por la ley, "…lo que ha significado la existencia de un ambiente de reconocimiento y respeto de las reglas propias del Estado de derecho para asegurar la calidad y legitimidad del órgano".
Eso sí, Finjus advierte que de que la persecución penal "no derive en el sobretratamiento mediático de los casos,", para evitar que se genere un proceso irregular o violatorio, y para garantizar también que los imputados no se vean expuestos a un juicio anticipado o pre condena basada en los medios de comunicación.
Medios digitales en el Poder Judicial
Finjus destacó que a pesar de que la virtualidad fue el resultado de la proactividad del Consejo del Poder Judicial para evitar el cierre total de las actividades jurisdiccionales en razón del confinamiento del año 2020, la medida fue una respuesta a la demanda de mejora en la capacidad institucional en la prestación de los servicios de administración de justicia.
Subrayó que aspectos como la mora judicial, la excesiva burocracia en los servicios de gestión y secretaría, pudiesen encontrar mejoras en el uso de los medios digitales, como herramienta para lograr un servicio judicial eficiente y adaptado a las necesidades de los actores judiciales y usuarios del sistema.
A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional, TC/0286/21, de septiembre pasado que declaró inconstitucional una serie de protocolos que amparaban los procedimientos virtuales, destacó que la sentencia no apunta a que el uso de los medios digitales contravengan el contenido constitucional, sino que deben estar regulados por ley, y no por los propios protocolos y/o resoluciones del órgano.
"Supone un desafío en el 2022 para la comunidad jurídica y especialmente para el Poder Judicial, aunar esfuerzos en torno a la revisión, aprobación e implementación del proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial que actualmente se encuentra en la fase de estudio en el seno del Congreso Nacional", señaló la institución, en un comunicado que fue firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
| "Valoramos muy positivamente la iniciativa del Poder Ejecutivo de corresponder al contenido normativo que refiere a la asignación presupuestaria de los órganos del sistema de justicia, de lo cual se ha anunciado un incremento en la partida correspondiente al Ministerio Público, cuestión sustancial para el fortalecimiento institucional del órgano en materias de tecnificación e investigación", Finjus |
Lo pendiente
Quedan pendiente como retos para el 2022, puntualizó, la realización del compromiso del Poder Ejecutivo de impulsar un conjunto de reformas, como la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, la adopción de un Código Penal consensuado y moderno; una nueva Ley de Contratación Publicas, entre otros aspectos prioritarios de una agenda legislativa prioritaria para vencer la opacidad y la corrupción.