SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) declaró que la protección de los jueces debe de ser una prioridad del sistema de justicia.
Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, reaccionó ante la información de que la jueza Aleyda Jiménez, Presidenta del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial Duarte de San Francisco de Macorís, fue asaltada frente a su residencia por un reconocido delincuente de la zona, dejándola con un brazo fracturado en el forcejeo que se produjo en el incidente.
Castaños Guzmán dijo que algunos podrían creer que este es un hecho anecdótico, que no debería ser noticia, porque los asaltos, atracos, violaciones a la ley y desidia de las autoridades se han convertido en parte de la cotidianeidad.
“FINJUS se une a quienes han expresado su solidaridad con la magistrada Jiménez y en supersona a todos los magistrados y servidores del sistema de justicia que realizan su labor pese al olvido y dejadez con los que el sistema político los trata”
“En realidad el asalto y lesiones a la Magistrada Jiménez es un retrato del deterioro institucional del país, que refleja el hecho de que las prioridades del sistema político y el Estado no se corresponden con las demandas y expectativas de la población, que espera que se haga realidad la promesa constitucional de que sus derechos fundamentales y garantías sean resguardados y protegidos”, precisó.
Señaló que la propia Magistrada reveló que desde hace 1 año y 7 meses está solicitando la asignación de un policía para su custodia, y que pese a todas las diligencias que ha encaminado solo ha obtenido promesas y evasivas.
Advirtió que por el carácter de sus funciones públicas, la magistrada califica sobradamente para que el Estado le garantice la protección y la seguridad de que podrá realizar sus obligaciones sin miedo a las personas a quienes ella controla.
“Es penosa la situación planteada cuando la sociedad sabe que miles de agentes policiales están asignados a políticos, empresas, particulares o mafiosos, a lo que sirven como chóferes, guardaespaldas, conductores de carritos de compra en los supermercados, para solo mencionar algunos de los oficios recurrentes menos peligrosos”, dijo.
Sostuvo que situaciones como la descrita son las que refuerzan la convicción de la ciudadaníade que es urgente que el Estado (poderes Ejecutivo y Legislativo) pongan más empeño para que los recursos que el sistema de justicia requiere sean asignados.
Expresó que otra lección importante que se deriva de este lamentable hecho es que la seguridad ciudadana no mejorará mientras la institución policial no cuente con los recursos necesarios para ser eficiente y sea depurada a profundidad.
“FINJUS se une a quienes han expresado su solidaridad con la magistrada Jiménez y en supersona a todos los magistrados y servidores del sistema de justicia que realizan su labor pese al olvido y dejadez con los que el sistema político los trata”, indicó.