SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que los últimos acontecimientos ligados al crimen organizado evidencian necesidad de de contar en el derecho interno con una Ley de Extinción de Dominio con un mecanismo efectivo que se oriente a contrarrestar el poder económico de las organizaciones criminales golpeando sus recursos financieros a fin de debilitarlas de forma progresiva hasta su inoperancia.
Explicó la importancia de establecer un procedimiento jurisdiccional, a manera de política criminal, como el que configura la acción de extinción de dominio, el cual se enfoca exclusivamente en la persecución de los bienes obtenidos de manera ilícita, radica en que es un instrumento esencial para la desarticulación de organizaciones y redes criminales pues afecta de manera frontal de estos recursos, deteniendo los efectos que genera el flujo de los mismos en la sociedad.
Lea íntegra la declaración de Servio Tulio Castaños Guzmán:
El auge de la criminalidad organizada y la significativa afectación que acarrean sus diversas manifestaciones en el seno de la sociedad conmina a que, desde el Estado y de manera intencional, se tracen estrategias eficaces para enfrentar este flagelo, especialmente lo que respecta a la problemática que se presenta paralela a la persecución delictual: esto es el poder económico construido a partir de la ilicitud.
A propósito de los recientes sucesos vinculados a la captura internacional de uno de los presuntos narcotraficantes de mayor influencia en la región en los últimos años, vuelve a quedar en evidencia la necesidad de contar en el derecho interno con una Ley de Extinción de Dominio, con un mecanismo efectivo que se oriente a contrarrestar el poder económico de las organizaciones criminales golpeando sus recursos financieros a fin de debilitarlas de forma progresiva hasta su inoperancia.
Ciertamente el ejercicio de actividades ilícitas genera cuantiosas utilidades que permite a las redes criminales y de corrupción lograr riquezas exorbitantes, aumentando así su capacidad de alcanzar el poder político y/o permear el aparato gubernamental buscando garantizarse impunidad. Esto, además de ir en desmedro del ciudadano común, quien no se beneficia de las mismas ventajas que de esa manera se consiguen, perjudica los principios que fundamentan el mercado económico pues se recurre a la inversión de las ganancias ilícitas en la economía formal creando una competencia desigual con aquellos que operan bajo el respeto a las reglas de derecho desincentivando la actividad económica en general.
La importancia de establecer un procedimiento jurisdiccional, a manera de política criminal, como el que configura la acción de extinción de dominio, el cual se enfoca exclusivamente en la persecución de los bienes obtenidos de manera ilícita, radica en que es un instrumento esencial para la desarticulación de organizaciones y redes criminales pues afecta de manera frontal de estos recursos, deteniendo los efectos que genera el flujo de los mismos en la sociedad.