SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Colectiva Mujer y Salud llamó a la clase política dominicana a reivindicarse con la reforma del Código Penal actualmente en curso.

La entidad criticó la prohibición del aborto sin excepciones, lo que a su juicio impone la maternidad forzada a mujeres y niñas víctimas de violación o cuyos embarazos ponen en peligro su salud.

Las integrantes de la Colectiva creen que esta reforma ofrece al Congreso Dominicano la oportunidad de enmendar una de las disposiciones “más injustas y vergonzantes de nuestro ordenamiento legal”.

Aseguran que el país presenta décadas de atraso en relación al resto de la comunidad internacional, siendo uno de apenas 6 países que mantienen la prohibición absoluta de todos los tipos de aborto.

Indicaron que desde hace algunos años las encuestas de opinión confirman que la mayoría del electorado dominicano está a favor de la despenalización parcial del aborto, y que la más reciente confirmación la ofrece la encuesta Barómetro de las Américas 2012.

“Entendemos que los legisladores  y legisladoras no pueden seguir ignorando la opinión de sus electores, evidenciada no solo en las encuestas sino también en las elecciones del 2010″

Los resultados del Barómetro indican que el 61.2% de la población dominicana está a favor de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando peligra la salud de la mujer. Esta opinión es compartida en términos muy similares por hombres (60.4%) y por mujeres (62.1%).

El porcentaje a favor se incrementa de acuerdo al nivel educativo, oscilando entre el 49% de las personas sin ningún nivel y el 73% de las personas con educación superior.

Los datos de la encuesta, referido a la relación entre actitud hacia la despenalización y grado de religiosidad, el 57.4% se declara a favor  de la despenalización en todos los grupos, incluyendo aquellos para quienes “la religión es muy importante”.

“Entendemos que los legisladores  y legisladoras no pueden seguir ignorando la opinión de sus electores, evidenciada no solo en las encuestas sino también en las elecciones del 2010. Recordemos que en esa ocasión la mayoría de las y los legisladores que habían votado en contra del Artículo 30 (actual 37) de la Constitución fueron reelectos a pesar del descrédito y de las amenazas lanzadas desde los púlpitos”, manifiestan.

"La actual reforma del Código Penal permite a los legisladores y legisladoras enmendar una disposición que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha declarado como una forma de tortura y una violación a los derechos humanos de las mujeres", según la colectiva.

La entidad considera que los legisladores tienen la oportunidad de demostrar sus convicciones democráticas cumpliendo la voluntad de quienes les eligieron y de evidenciar su respeto por los derechos humanos poniendo fin a una política cruel y barbárica que obliga a mujeres y niñas a parir en contra de su voluntad, aún a expensas de su salud y hasta de sus vidas”.

“En pleno siglo XXI no podemos seguir viviendo en una teocracia legislativa que impone a toda la ciudadanía la obligación de cumplir preceptos religiosos que no solo chocan con las más elementales normas democráticas, sino que además son rechazadas por la mayoría del electorado y hasta de los mismos creyentes”, expresaron las líderes feministas.