SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Foro Feminista alertó este martes a la sociedad dominicana sobre las supuestas las intenciones de representantes de la alta jerarquía de la iglesia católica de impedir la despenalización del aborto terapéutico y la tipificación del feminicidio en el nuevo Código Penal, actualmente en discusión en el Congreso Nacional.
Las feministas entienden que igual que otros delitos, como el infanticidio y el parricidio, la tipificación del feminicidio visibiliza la mayor peligrosidad y gravedad que conlleva dar muerte a una mujer mediando ideologías machistas y relaciones desiguales de poder del autor sobre la víctima.
Asimismo entienden que la penalización del aborto sin excepciones, impone la maternidad forzada a las mujeres y niñas víctimas de violación o cuyos embarazos ponen en peligro su salud y su vida.
A continuación el texto íntegro de El Foro Feminista
Ante este inaceptable propósito, que desconoce el deber del Estado de reconocer y proteger derechos humanos de las mujeres así como la voluntad y opinión de la ciudadanía, reiteramos nuestras demandas a los legisladores y legisladoras del Congreso Nacional.
Demandamos la inclusión de la figura del feminicidio en el nuevo Código Penal:
– Porque al igual que otros delitos, como el infanticidio y el parricidio, la tipificación del feminicidio visibiliza la mayor peligrosidad y gravedad que conlleva dar muerte a una mujer mediando ideologías machistas y relaciones desiguales de poder del autor sobre la víctima, y éste es un mensaje dirigido a educar a la sociedad y reducir la comisión de estos hechos.
– Visibilizar y sancionar el feminicidio en el Código Penal transmite un mensaje de intolerancia social a un hecho que además reviste dimensiones alarmantes en nuestra sociedad.
– En la República Dominicana pierden la vida más de 150 mujeres en promedio cada año, como resultado de la violencia machista.
– República Dominicana es uno de los países de la región que presenta las más altas tasas de feminicidios, al llegar a 1.27 por cada 100 mil habitantes (CEPAL, 2011).
– Las mujeres en nuestro país son privadas de su vida, dentro de sus hogares y fuera de ellos, por causas vinculadas a su condición de género, y el Estado tiene el deber de protegerla a través de todos los mecanismos a su alcance, incluida la ley penal.
Demandamos también la despenalización del aborto cuando peligra la vida de la mujer y cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.
– República Dominicana es uno de los 8 países del mundo en que se criminaliza el aborto en todas las circunstancias. Este hecho, lejos de denotar una excepcional protección del Estado a los Derechos Humanos, nos ubica en la reducida lista de países que en siglo XXI aún no reconocen que la total penalización del aborto representa una flagrante violación de Derechos Humanos de las mujeres, entre ellos del derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad y a la no discriminación.
– La penalización del aborto en todas las circunstancias obliga a las mujeres pobres de este país a recurrir a vías inseguras que ponen en peligro su vida y su salud;en consecuencia, la penalización del aborto sin excepciones promueve e institucionaliza la injusticia social.
– La penalización del aborto sin excepciones, impone la maternidad forzada a las mujeres y niñas víctimas de violación o cuyos embarazos ponen en peligro su salud y su vida.
– Fuentes de consulta a la ciudadanía, como el Barómetro de las Américas (2012), informan que más del 60% de la población consultada opina que la despenalización del aborto terapéutico es una necesidad.No atender estas opiniones mayoritarias equivale a dar la espalda a la ciudadanía, por esa razón la despenalización del aborto bajo las causales enunciadas es también un asunto de defensa de la democracia y el Estado de Derecho.
– Si bien la penalización absoluta del aborto impide su estimación e impacto directo en la mortalidad materna, estimaciones basadas en fuentes oficiales hablan de un mínimo de 22 y un máximo de 69 muertes maternas vinculadas a complicaciones por aborto, la mayoría de ellas evitables.
– Las decisiones de política pública no pueden basarse en dogmas religiosos que además atentan contra la libertad de culto, de conciencia y de religión,al pretender imponer la concepción moral de su religión por encima de los derechos humanos y al margen de toda evidencia científica, jurídica y social.
Estamos conscientes de la gran responsabilidad que tienen los legisladores y legisladoras y esperamos que honren los compromisos que ha asumido el Estado dominicano ante la comunidad internacional, pero sobre todo que honrenel compromiso que tienen con las mujeres que vivimos en este país, quienes no constituimos un grupo ni un sector, sino la la mitad de la población dominicana.
Estaremos atentas y vigilantes de las decisiones de quienes están llamados a representar y defender nuestros derechos.
FORO FEMINISTA
Santo Domingo, 11 de junio del 2014
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