SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Familiares de los choferes asesinados por la banda de sicarios que supuestamente encabeza el regidor perredeísta Erinson de los Santos Solís (Ney), emplazaron hoy al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que revele la identidad de las personas que “dan órdenes superiores a jueces” a los jueces para favorecer a los acusados de ejecuciones de ciudadanos y de narcotráfico.
Recordaron que entre los choferes ejecutados figuran Ovenys Guerrero, Ángel Javier, Mateo Nieves de Jesús, Bladimir Starling Martínez Ruiz, y el licenciado Kelvin Sentil Féliz. Y los heridos son Eddy Francisco Sánchez, Manuel Emilio Romero Figueroa, Ramón Antonio Peña Beltré, Belarminio Emilio Brito y Franz Lausin.
El reclamo se produce días después que la jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, acusada de integrar una asociación de jueces para delinquir, dijera al ser investigada que “por órdenes superiores” y dinero ordenó la devolución de un avión y 20 millones de dólares en sendos casos de droga, y que dispuso la libertad de Erinson de los Santos Solís, cabecilla de la temible banda de sicarios.
Aseguraron que esa estructura dentro de la justicia en un principio fue concebida para blindar a corruptos del gobierno y luego degeneró en un grupo económico-delincuencial con intereses propios
Tanto las víctimas como sus abogados exigen que se investigue de dónde provino el dinero con el cual fue sobornada la magistrada Awilda Reyes Beltré, para favorecer al acusado de sicariato y regidor de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney), puesto que sus abogados son apenas intermediarios.
Al reclamo se unieron la viuda y familiares del asesinado regidor de Bayaguana, Renato de Jesús Castillo Hernández, ejecutado por otra banda de sicarios, y cuyo alegado patrocinador, el suspendido alcalde Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi), y uno de los imputados como sicarios, Dawri de la Cruz, fueron puestos en libertad.
Resaltaron que Dawri de la Cruz fue excluido del proceso en la audiencia preliminar, por decisión del Juez Darío Gómez Herrera, sin dar motivos serios y pertinentes.
“En este mismo proceso éste Juez ya había puesto en libertad a Freddy Alberto De La Cruz”, precisaron.
Yokasta y Linette Castillo Hernández, hermanas de la víctima, y la viuda Raysa Julieta Acosta, solicitaron del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Mariano Germán, una exhaustiva investigación sobre los reales motivos que habría tenido el magistrado Darío Gómez Herrera para poner en libertad a los imputados como criminales. Dijeron que temen por sus vidas luego de la puesta en libertad de los acusados.
Los abogados de las víctimas reiteraron que los hechos denunciados no son nuevos, y que así lo habían advertido. Recordaron que habían recusado a los jueces Darío Gómez Herrera, de la Corte Penal de Santo Domingo, y a la magistrada Awilda Reyes Beltré, de primera Instancia del Distrito Nacional. Explicaron que tanto la Corte del Distrito como la de Santo Domingo, hicieron caso omiso a sus reclamos legales, lo que permitió que los hechos denunciados hoy se consumaran.
Los letrados expresaron que los delitos de prevaricación y cohecho por los cuales seis jueces son investigados y a otro ya le ha costado el cargo, no son aislados, sino parte de una estructura con vínculos políticos partidarios.
Aseguraron que esa estructura dentro de la justicia en un principio fue concebida para blindar a corruptos del gobierno y luego degeneró en un grupo económico-delincuencial con intereses propios.
Expresaron su temor a que el actual escándalo sea capitalizado por el gobierno para secuestrar la justicia y blindarse ante eventuales sometimientos por corrupción, como habría ocurrido con el pasado gobierno.