SANTO DOMINGO. – República Dominicana se encuentra lejos de garantizar la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres, esto lo evidencian las altas tasas de mortalidad materna, la tolerancia y naturalización del matrimonio infantil y los feminicidios, así como los bajos niveles de participación femenina en los órganos de decisión del Estado.
Así lo afirma el documento “La promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS y la situación de las mujeres dominicanas”, elaborado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), a propósito de que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Fátima Lorenzo, coordinadora del CEG-INTEC, indicó que al igual que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) ordena a que el enfoque de género sea una política transversal a toda la estrategia, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género”.
Afirmó que “El bajo nivel de cumplimiento con los ODS y la Agenda 2030 la convierte en una agenda formal cuyo valor es más que nada discursivo. Revertir esta situación sólo es posible si se toman las decisiones pertinentes que desaten los nudos y obstáculos para que vayan más allá de la elaboración de planes estratégicos y el aumento de la estructura institucional para el logro de la promesa del Estado. Los nudos y obstáculos refieren a retrasos en la producción de estadísticas, asignación presupuestaria y coordinación interinstitucional.
De acuerdo con el Informe Nacional Voluntario del 2018 sobre cumplimiento de los ODS, República Dominicana tiene logros importantes en el cumplimiento de la Agenda 2030, sin embargo, este mismo informe señala que aún enfrentamos desafíos importantes en la superación de brechas persistentes económicas, sociales, ambientales, institucionales y de políticas. “Para lograr avances efectivos, el Estado deberá enfatizar la universalización de la cobertura de la seguridad social, de la cobertura y la calidad de los servicios de salud y educación, y disminuir las desigualdades de género. Para ello, es ineludible incrementar y mejorar la calidad del gasto público social”, dijo Lorenzo.
Mujer y salud
El informe precisa que, con relación a los ODS y áreas prioritarias para la igualdad de género, los datos disponibles sobre salud sexual y salud reproductiva de la población evidencian las enormes carencias existentes en este ámbito a nivel nacional.
Resalta que el país continúa presentando tasas elevadas de embarazo en adolescente en edades entre 15 a 19 años, superando en más de 52% el promedio de América Latina y el Caribe. “Durante las últimas tres décadas se observa que el embarazo antes de los 20 años de edad es más común en la zona rural que en la urbana. Al 2014 la brecha es de 3.5 puntos porcentuales: 16.5% en la zona urbana y 19% en la rural, cifras determinadas por la ausencia de educación sexual integral de calidad, falta de acceso a servicios en salud sexual y reproductiva y anticonceptivos, las uniones/matrimonios infantiles forzadas y la pobreza”.
El informe, presentado en la Sala Julio Ravelo de la Fuente del INTEC, indica además que la tasa de mortalidad neonatal es de 21 por cada 1,000 recién nacidos vivos. El 88% de las muertes maternas son evitables y el 85% están relacionadas a inadecuada atención, dado que el 99% de los partos tiene lugar en hospitales y el 99.5% de las mujeres recibe atención prenatal.
Sobre el aborto
El CEG-INTEC manifiesta que la penalización sin excepciones del aborto es otra barrera importante en contra de las mujeres. “El aborto es la cuarta causa de muerte materna en el país y el Ministerio de Salud indica que un 22% de las intervenciones por abortos se realizan en adolescentes. Su incidencia en la mortalidad de las mujeres en edad reproductiva se encuentra directamente vinculada a su clandestinidad y a las condiciones de inseguridad en que se realiza”.
Feminicidios y violencia
El informe presentado cita la “Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres, ENESIM” realizada en 2018 que reveló que el 68.8% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.
“República Dominicana ocupa el tercer lugar en cuanto a tasa anual de homicidios de mujeres en Latinoamérica: 3.6 por cada 100 mil mujeres, siendo la cuarta causa de muerte en mujeres en edad reproductiva de 15 a 34 años”, destaca el informe.
En tanto que, los asesinatos cometidos por hombres hacia mujeres se sitúan en un 8.5 %, siete veces más que la proporción de homicidios de mujeres a hombres que se ubica en un 1.7%. Más de la mitad (50.6 %) de los victimarios son parejas o ex parejas de las fenecidas. “Ahora, según la PGR, la tasa de feminicidios por cada 100,000/habitantes a 2019 es de 1.49, lo que indicaría “un descenso sustancial”, pero como ha sido señalado por organizaciones nacionales, esto se debe a la definición de feminicidio utilizada por la PGR y no a la situación real de la violencia contra la mujer”.
Mujer y política
Sobre el tema político, el CEG-INTEC establece en su informe que la participación política de las mujeres sigue siento limitada y desigual. Afirma “que es necesario trascender el formalismo de la adopción de las leyes y a pasar a la aplicación de las mismas superando las resistencias culturales que persisten. Con la aprobación de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, se establece un rango de paridad de género de no menos del cuarenta por ciento (40%) y no más del sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres para todos los cargos de elección popular, y una cuota de un 10% de candidaturas a favor de los jóvenes hasta treinta y cinco años.
La aplicación de estas leyes durante los procesos electorales de 2020 ha resultado muy problemática, sobre todo en lo relativo al respeto del rango de paridad, expresando las grandes resistencias que persisten en el reconocimiento del derecho de la mujer a la representación política igualitaria.
Reflexiones y recomendaciones
Las enormes brechas de género que ponen de relieve los datos disponibles deben servir como indicadores sobre las áreas de acción prioritaria: seguridad social, seguridad climática, seguridad alimentaria, erradicación de la pobreza desde un enfoque multidimensional. Atender estas prioridades requiere de forma imprescindible aumentar el gasto social y mejorar la calidad del gasto de una forma coherente y alineada con la END, y la creación de un sistema nacional estadístico fiable, que ofrezca la información necesaria para evaluar la efectividad de las políticas públicas de desarrollo y den respuestas a los indicadores elaborados para el cumplimiento de los ODS y la transversalidad de Género de todos los Objetivos de la agenda 2030.
“Para garantizar los derechos de las mujeres-DDMM, la agenda de cumplimiento de los ODS debe prestar particular atención a la capacidad del Estado para garantizar los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, eliminar todas las formas de violencia contra la mujer en base al género, y garantizar la representación paritaria de mujeres y hombres en los espacios de participación política” dijo Lorenzo.
Esta garantía parte de la aprobación del nuevo marco legislativo que lleva décadas estancado en el Congreso Nacional: despenalización del aborto, reforma del matrimonio en el Código Civil, Ley integral de VCM, Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Pero, continúa con la implementación de mecanismos efectivos para la puesta en marcha de los planes nacionales estratégicos, lo cual incluye mayores y mejores niveles de coordinación intersectorial y ministerial, un sistema estadístico nacional fiable, evaluación de resultados, mayor y mejor inversión, y mayor y mejor transparencia y rendición de cuentas.
De igual manera es necesario la definición de una hoja de ruta y sus aceleradores para el ODS 5 y establecer los mecanismos para que el PLANEG III sea el insumo fundamental a estos fines.