SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y el Movimiento Popular Dominicano (MPD) denunciaron hoy que una mafia que domina la lucha contra las drogas a nivel nacional, pues la Policía Nacional y el Ministerio Público tienen una alianza con los dueños de los puntos de drogas en todo el país.

En un documento rubricado por Fernando Hernández, por la comisión Política del MPD, y Raúl Monegro, en nombre de la Dirección Nacional del FALPO, las organizaciones consideran que la lucha contra las drogas en la República Dominicana es una farsa.

"En todos los municipios del país tanto la Policía Nacional, con su Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), saben dónde están ubicados todos los puntos de drogas, y quiénes son sus propietarios, pero los dejan operar", afirman.

Según las entidades de izquierda, en vez del DICAN y la DNCD combatir el tráfico de drogas, realizan transacciones económicas, recibiendo toda la semana un peaje para que funcionen libremente. Igual situación se registra con el Ministerio Público, cuyos integrantes saben también dónde están todos los principales puntos de drogas, y no son capaces de perseguirlos

“Aún más, la lucha contra las drogas las dirigen los dueños de puntos, ya que cuando quieren sacar un consumidor o vendedor de sustancias controladas se lo entregan a las agencias antinarcóticas para que los saquen de circulación”, afirman.

Para el Falpo y el MPD, el asesinado el coronel Daniel Ramos Álvarez, en Baní, el pasado martes 8 de enero, se inscribe dentro de esa descomposición de la Policía Nacional, por lo que esa institución debe ser totalmente eliminada y crear una nueva policía nacional, en cuanto al Ministerio Público, plantean que debe independizarse del Poder Ejecutivo y crear un nuevo cuerpo “que mantenga su independencia e idoneidad profesional”.

Finalmente, el Falpo y el MPD hacen un llamado al pueblo y sus organizaciones democráticas a profundizar la lucha contra la corrupción y la impunidad, hasta la destitución del gobierno de Danilo Medina, “la cloaca” del Poder Judicial y del Poder Legislativo, creando un gobierno provisional con la encomienda de organizar las elecciones e impulsar una Constituyente con participación popular y soberana.