Más de 200 de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala retomaron el control del Congreso del país centroamericano, después de que fuera invadido este martes a la fuerza por veteranos militares que exigen una compensación económica por sus servicios en el conflicto armado interno (1960-1996).

Los policías lanzaron bombas con gas lacrimógeno a los manifestantes en los sectores aledaños al Congreso, hasta conseguir frenar el caos en las instalaciones del Parlamento y sus calles aledañas, en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala.

Los militares ingresaron pasado el mediodía de este martes a través del parqueo de las instalaciones del Organismo Legislativo, y entraron a algunas oficinas del lugar donde quemaron algunas oficinas y al menos cinco vehículos, según constató Efe.

La PNC logró que más de 100 trabajadores y diputados del Congreso abandonaran las instalaciones por salidas alternas, incluso el techo, pero varios sectores criticaron en redes sociales el lento actuar de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

Ministro retenido

"La situación es complicada, porque nos tienen retenidos", dijo el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, aún dentro del hemiciclo, donde se encontraba por una citación.

También, el diputado Luis Fernando Pineda pidió "ayuda" en sus redes sociales, al señalar que los exmilitares tenían machetes y piedras y consiguieron ingresar al derribar el portón de hierro del estacionamiento del Palacio Legislativo.

"Corrimos para subirnos a las patrullas y salir de ahí por la novena avenida. Todos estamos conmocionados. Los exmilitares están demasiado violentos, están con machetes y piedras, amenazantes. Quemaron mi oficina y destruyeron carros y otros despachos cerca del parqueo", relató a Efe el diputado de Movimiento Semilla Luis Fernando Pineda Lemus, segundos después de haber sido evacuado.

Los excombatientes del conflicto armado interno se habían manifestado en diversos días durante las últimas dos semanas, con bloqueos de carreteras, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en contra del Congreso.

La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de 120.000 quetzales (15.500 dólares aproximadamente) para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales.

La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en su campaña de elección en 2019.

La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con un saldo de más de 250.000 muertos y desaparecidos, que en más del 90 % de los casos son atribuidos al Ejército de Guatemala según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas.

4 periodistas heridos y 2 detenidos

Las protestas de cientos de militares retirados este martes en el Congreso de Guatemala dejaron un saldo de cuatro periodistas heridos y una decena de policías lastimados, además de dos detenidos y cientos de funcionarios y trabajadores del Organismo Legislativo con crisis nerviosa.

Los veteranos, que cargaban machetes, palos y piedras, irrumpieron a la fuerza en el edificio parlamentario al romper el portón de hierro de este edificio, en donde quemaron oficinas legislativas y cinco automóviles y tres motocicletas, según constató Efe.

De acuerdo con información oficial, validada por la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de Derechos Humanos, al menos diez policías fueron heridos por los enfrentamientos, así como cuatro periodistas de los medios locales Nuestro Diario, Prensa Libre, Quorum y Nuestro Mundo y varios más fueron amenazados por su labor.

El reportero gráfico herido de Nuestro Diario, David Sanchielli, fue golpeado con una piedra en la cabeza por los manifestantes, que además le rompieron el equipo fotográfico a punta de machetazos, aseguró él mismo, tras ser atendido por el cuerpo de bomberos.

La manifestación se tornó violenta alrededor de las 14.00 hora local, previo a que iniciara la sesión plenaria. Para ese momento había únicamente 12 de los 160 congresistas, quienes debieron resguardarse en oficinas, fuera del alcance de los manifestantes.

También se encontraba dentro de las oficinas legislativas el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien dijo a medios locales en un momento que "la situación es complicada porque nos tienen retenidos".

La Policía Nacional Civil preparó un operativo para evacuar a los más de cien trabajadores del Congreso, los diputados y el ministro de Estado en la calle paralela al estacionamiento donde estaban los manifestantes; es decir, en el otro extremo del edificio, donde ya las fuerzas de seguridad habían controlado los alrededores.

Al finalizar la evacuación, las fuerzas especiales antimotines de la Policía consiguió repeler a los violentos y, alrededor de tres horas y media después del ataque al edifico consiguieron controlar el área y detener a dos supuestos implicados, quienes posteriormente fueron trasladados a la torre de tribunales.